
La presidenta del Partido Popular de Asturias, Teresa Mallada, ha exigido hoy al Gobierno de Adrián Barbón que resuelva por separado las ayudas LEADER del 2020 y del 2021 para “evitar perjudicar gravemente” al campo asturiano, ante el “desmadre” generado por la Consejería de Medio Rural en estos fondos para impulsar proyectos en el medio rural debido a su “desastrosa gestión”, ha denunciado la líder popular.
“Estamos ante una muestra más de que el Gobierno de Adrián Barbón es incapaz de gestionar, no sabe gestionar, tenemos muchos ejemplos en varias Consejerías. Es inconcebible lo que está sucediendo con este Gobierno que, con la excusa de la gestión de la pandemia, lleva más de un año olvidando todo lo demás. Llevamos más de un año con un Gobierno que es incapaz de gestionar lo ordinario, lo que ya está recogido en los Presupuestos regionales”, ha denunciado la presidenta del PP asturiano hoy en la sede regional del PP, en Oviedo, junto a la diputada del Grupo Parlamentario Popular Cristina Vega.
Al “desmadre” de la Consejería de Medio Rural, que acumula sucesivos “incumplimientos”, ha censurado Mallada; “se suma al desastre de la gestión de otras Consejerías”, como Educación, Cultura o Ciencia e Innovación, ha enumerado la presidenta del PP de Asturias.
Mallada ha explicado que, dado que este Gobierno no ha sido capaz de resolver las ayudas LEADER del 2020, cuya resolución sigue pendiente de publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), ha optado por acumular las ayudas del 2020 y las del 2021 y por volver a hacer la concurrencia competitiva entre proyectos para otorgar las ayudas. Por lo que, “emprendedores rurales pueden quedar ahora sin ellas o con menos ayudas”, al cambiar las condiciones de concurrencia por juntar dos anualidades.
Más de una treintena de proyectos podrían encontrarse ante esta situación, afirman desde el PP. “Esto sería catastrófico para el campo asturiano”, advierte Teresa Mallada.
Teresa Mallada ha defendido que la propuesta del PP “es absolutamente legal” y “solo depende de la voluntad política”. Y ha recordado que el Artículo 59.2.c del Reglamento de Ley General de Subvenciones, cuando habla de acumulación de subvenciones, establece que “el empleo de esta posibilidad no podrá suponer en ningún caso menoscabo de los derechos de los solicitantes del periodo de origen”.
“No es de recibo que los trabajadores del campo asturiano paguen el pato de la desastrosa gestión de este Gobierno, con una Consejería de Medio Rural que es incapaz de cumplir su cometido y hacer lo poco que se le exige en este caso”, ha dicho la líder del PP.
Y es que la Administración del Principado lo único que tiene que hacer con las ayudas LEADER (que en su mayoría son fondos europeos) es en primer lugar, convocar las ayudas; en segundo lugar, verificar el trabajo de campo que ya hacen los grupos de desarrollo rural, que actúan como entidades colaboradoras de la Administración y son quienes de verdad realizan todo el trabajo; y, por último, dictar la resolución concediendo las ayudas.
Convocatoria anticipada
Mallada, que ha resaltado la importancia del sector primario en Asturias al suponer el 20% del PIB regional, ha anunciado que el PP va a pedir que asimismo que, a partir de ahora, las convocatorias de ayudas LEADER se saquen en una convocatoria anticipada (a finales del año anterior); para permitir a los beneficiarios comenzar sus inversiones a principios de año.
La diputada del PP Cristina Vega ha puesto sobre la mesa por su parte más medidas que el PP va a plantear tanto de “de forma inmediata” como “más a largo plazo”, con el fin de “evitar que esto vuelva a pasar” y “dar estabilidad” al sector primario asturiano.
Los populares exigen de forma inmediata un calendario fijo, de modo que las convocatorias salgan de forma anticipada en noviembre y esto se mantenga en el tiempo para dar seguridad a los solicitantes; así como que se ponga en marcha la posibilidad de acudir a complementarias.
Desde el PP reclaman también, para más a largo plazo, pedir acta de no inicio previa a la publicación de las convocatorias a solicitud de los futuros beneficiarios; convocatorias abiertas en el tiempo que se vayan resolviendo por meses; y eliminar burocracia, ya que “ahora se tarda más tiempo en resolver los proyectos que en ejecutarlos”, ha asegurado Vega.