- La diputada Beatriz Polledo defenderá una iniciativa para garantizar el pago puntual a las entidades y evitar que los retrasos se produzcan de nuevo
- «El Gobierno de Barbón les exige a las entidades que sostengan servicios que le corresponde garantizar a la propia Administración y, encima, no les paga lo que les debe. Es una gestión irresponsable que pone en riesgo la atención a las personas más vulnerables de Asturias»
5 de julio de 2026.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Beatriz Polledo, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular registrará mañana una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Consejo de Gobierno que pague en plazo las cantidades que adeuda a las entidades del Tercer Sector social asturiano y establezca mecanismos de planificación y control que impidan que los retrasos vuelvan a repetirse.
La iniciativa surge tras la denuncia pública realizada por CERMI Asturias sobre el retraso continuado en los pagos correspondientes a la acción concertada y a los anticipos de las subvenciones nominativas, una situación que ha llevado al sector a anunciar movilizaciones. Aunque existe una promesa de pago para este jueves, Polledo considera que «el problema no se resuelve con un ingreso puntual, sino poniendo fin a una forma de gestionar que lleva años castigando a las entidades sociales».
«El Gobierno de Barbón les exige a las entidades que sostengan servicios que le corresponde garantizar a la propia Administración y, encima, no les paga lo que les debe. Es una gestión irresponsable que pone en riesgo la atención a las personas más vulnerables de Asturias», denuncia la diputada popular.
Según ha recordado, la deuda de la Administración asciende a varios millones de euros. Solo con el sector de la discapacidad, CERMI Asturias cifró públicamente el importe pendiente en un millón y medio de euros, mientras que algunas entidades acumulan deudas superiores a los 400.000 euros. Unas cantidades que resultan inasumibles para asociaciones que trabajan con recursos muy ajustados y que necesitan esos fondos para afrontar las nóminas de sus profesionales, las cotizaciones a la Seguridad Social y pagos como la extra de junio.
«Les deben las nóminas y la Seguridad Social, y cuentan con que las entidades jamás dejarán tirados a sus usuarios. Eso no es gestionar: es abusar de quienes cuidan», afirma Polledo.
La diputada popular denuncia que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha convertido a las entidades sociales en «su financiador forzoso».
«Saben que una asociación nunca va a cerrar la puerta de una residencia ni va a dejar sin apoyos a una persona con discapacidad. Y juegan con eso. Pagan tarde porque el coste de su incompetencia lo asumen otros: entidades que abren líneas de crédito para adelantar lo que el Gobierno no abona, que pagan intereses por una deuda que no es suya y que ni siquiera pueden justificar esos gastos financieros como subvencionables. El Principado se financia gratis a costa de quienes cuidan y, además, les traslada el coste bancario de su morosidad», critica.
Polledo subraya que no se trata de un episodio aislado, sino de un problema estructural que se repite desde hace años. Recuerda que en 2020 el Tercer Sector asturiano ya tuvo que manifestarse para reclamar los pagos pendientes; que en 2022 CERMI Asturias cuantificó en más de dos millones de euros la deuda del Principado con los centros concertados de discapacidad, con tarifas congeladas desde 2016; y que ese mismo año el sector tuvo que trasladar personalmente al presidente Adrián Barbón la necesidad de que el Gobierno cumpliera con sus obligaciones económicas.
«El sector lleva años repitiendo la misma palabra: asfixia. Y el Gobierno lleva años prometiendo que es la última vez. Pero los retrasos son ya su forma de gobernar», señala.
Asimismo, lamenta la contradicción entre el discurso del Ejecutivo y su gestión. «Mientras el presidente Barbón presume de escudo social en cada discurso, su Consejería deja sin pagar a quienes sostienen ese escudo. No hay política social posible cuando la Administración es la primera morosa del sistema”.
La Proposición No de Ley del Grupo Popular que defenderá Polledo insta al Consejo de Gobierno a garantizar el pago puntual de todas las obligaciones económicas con las entidades del Tercer Sector social; establecer calendarios de pago con mecanismos de seguimiento y control que eviten nuevos retrasos en subvenciones, conciertos y anticipos; y actualizar las cuantías conforme al coste real de los servicios que prestan. «El Principado no puede seguir utilizando la buena voluntad del Tercer Sector como colchón de su mala gestión. A las personas vulnerables no se las protege con eslóganes. Se las protege pagando a tiempo a quienes las atienden todos los días».
Por último, la parlamentaria popular concluye que «las entidades no piden privilegios. Piden cobrar por servicios ya prestados a la Administración. Que en Asturias haya que salir a la calle para que el Gobierno pague sus facturas es el retrato exacto de la gestión socialista».
