- La diputada regional popular Beatriz Polledo advierte de que un “caos absoluto y la negligencia” envuelve la gestión del departamento, “y se atenta directamente contra los principios básicos de objetividad, libre concurrencia, transparencia o publicidad”
- La parlamentaria acusa de llevar a cabo contrataciones de emergencias ilegales, especialmente en el ERA, “que son un auténtico fraude porque no se dan las condiciones excepcionales necesarias”
- “La intervención de la Consejería emite multitud de reparos que impiden el pago de las facturas, en ocasiones durante más de un año, lo que provoca llevar a la ruina a muchas pequeñas empresas y autónomos que solo tienen como salida demandar al Principado”
El Partido Popular denunció hoy que la Consejería de Bienestar Social del Principado lleva años con un absoluto caos en su gestión que ha llevado al “descontrol, irregularidades e ilegalidades en su contratación pública”
“La Consejería se salta a la torera el procedimiento administrativo, sin respeto alguno a los procedimientos legales de contratación; es un modus operandi ya institucionalizado que atenta contra los principios básicos de objetividad, libre concurrencia, transparencia o publicidad”, subrayó.
Beatriz Polledo señaló que la Consejería lleva a cabo de forma recurrente contrataciones de emergencia de manera ilegal, especialmente en el ERA, sin justificación alguna: “Son auténtico fraude porque no se dan las condiciones excepcionales que se requieren, como una pandemia o una catástrofe, pero no se pueden utilizar para contrataciones de servicios comunes y reiterados del día a día”. “Es la propia Consejería, por su negligencia, la causante de la situación de emergencia”, añadió.
La diputada popular advirtió de que este caos y descontrol está provocando multitud de impagos que están ahogando financieramente a empresas y autónomos de la región, ya que la intervención de la propia Consejería emite multitud de reparos que impiden el pago de las facturas de los servicios y suministrados prestados, desde comida en las residencias del ERA hasta la limpieza, servicio de lavandería o el transporte a los centros de día. Unos impagos que se arrastran durante más de un año y que suponen cientos de miles de euros.
“Hablamos de residencias de mayores, de centros con personas con discapacidad, menores, personas vulnerables, que sufren esta gestión en el día a día”, censuró.
Beatriz Polledo señaló que la única forma de cobrar es a través de una sentencia judicial luego de demandar a la Consejería, que es la que aconseja a las empresas que recurran a la vía judicial.
“Solo en el año 2023 hubo 23 sentencias condenatorias por impagos de la Consejería de Derechos Sociales, con sus intereses de demora, costas del procedimiento y demás penalizaciones por incumplimiento que acaban pagando todos los asturianos”, indicó.
La parlamentaria popular señaló que la anterior consejera, Melania Álvarez, “sabía muy bien lo que tenía entre manos, y por eso huyó de forma repentina y precipitada hacia el Senado”.
