- El diputado regional Manuel Cifuentes reclama al Gobierno de Asturias que aclare la formación y habilitación de los nuevos efectivos tras la denuncia de AVISPA y pide reforzar de forma real la plantilla
- Cifuentes exige un plan integral para Sograndio y acusa al Principado de “reaccionar a los titulares” en lugar de abordar los problemas estructurales del centro
El diputado regional del Partido Popular Manuel Cifuentes afirmó que “el Gobierno de Barbón ha perdido el control de Sograndio y ahora tiene que explicar qué está pasando con la seguridad del centro”.
En relación con lo que está ocurriendo en el Centro de Responsabilidad Penal de menores de Sograndio, el diputado popular señaló que “no es un hecho aislado, ni un problema puntual ni una situación sobrevenida. Sograndio atraviesa una crisis estructural. Y lo más grave es que el propio Gobierno de Asturias ya no puede ocultarlo.”
Manuel Cifuentes indicó que, tras la sucesión de motines, agresiones y fugas de los últimos meses, ahora conocemos algo todavía más preocupante: la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) ha presentado una denuncia ante la Delegación del Gobierno contra la Viceconsejería de Justicia y contra la empresa adjudicataria del servicio de seguridad, por un supuesto incumplimiento de la normativa de seguridad privada. “Será la autoridad competente la que tenga que determinar si esas acusaciones son ciertas, mientras tanto el Gobierno debe dar explicaciones sobre hechos tan graves,” subrayó.
Cifuentes cuestionó las explicaciones ofrecidas por el Gobierno y exigió que se aclare qué tipo de personal se ha incorporado al dispositivo de seguridad. “El Gobierno asegura que ha reforzado el dispositivo con entre 8 y 10 nuevos efectivos, pero tenemos serias dudas sobre la formación y la habilitación de algunas de las personas incorporadas para desempeñar funciones propias de un vigilante de seguridad”, censuró.
En este sentido, el parlamentario señaló que el Gobierno debe responder a una serie de preguntas muy concretas: ¿Cuántas de las personas incorporadas al dispositivo son vigilantes de seguridad debidamente habilitados? ¿Cuántas son auxiliares? ¿Qué funciones desempeña exactamente cada una de ellas? ¿Quién ha autorizado esas funciones? ¿Ha comprobado la Viceconsejería de Justicia que la empresa adjudicataria está cumpliendo estrictamente las condiciones establecidas en el contrato y en los pliegos?
“Pero hay una pregunta todavía más importante: ¿Va el Gobierno a investigar internamente las acusaciones realizadas por AVISPA? Porque si todo está en orden, al Ejecutivo no debería preocuparle que se compruebe. Pero si es cierto que se están contratando ‘matones’ en un gimnasio para hacer una función tan delicada como la seguridad de este centro estaríamos ante un escándalo mayúsculo que es responsabilidad directa del Gobierno,” señaló.
El diputado popular recordó que el propio consejero de Justicia, Guillermo Peláez, reconoció “el fracaso del modelo”. En este sentido, y ante la presencia de mayores de edad entre los internos, el consejero ha reconocido expresamente que “ni la infraestructura ni la plantilla ni la vigilancia estaba preparada para ello”.
“El Gobierno sabe cuántas plazas tiene Sograndio, conoce cuál es la plantilla disponible, debería conocer perfectamente las características y necesidades de los internos, y adaptar los recursos del centro a su realidad. Lo que no puede hacer ahora el Gobierno es mostrarse sorprendido ante una situación que lleva años conociendo,” indicó.
En este contexto, Cifuentes afirmó que “Sograndio necesita refuerzos, no amortizaciones” y recordó que el Partido Popular ya advirtió en una rueda de prensa de la situación de una plantilla agotada, sobrecargada y desbordada”, reclamamos entonces cubrir las vacantes estructurales y reforzar los recursos humanos. “Meses después, seguimos exactamente en el mismo punto, o peor,” denunció.
A su juicio, el Gobierno de Asturias reacciona siempre después del escándalo. “El Gobierno de Adrián Barbón no está gestionando Sograndio, está reaccionando a los titulares. Cada vez que ocurre algo, anuncian una nueva medida: una comisión que no ha servido para nada, refuerzos que no son tales, auditorías… Pero, ¿dónde está el proyecto integral para Sograndio? ¿Dónde está el modelo de centro que necesita Asturias? ¿Dónde está la planificación de personal? ¿Dónde está la solución a los problemas estructurales del edificio? ¿Dónde está la dirección que necesita un centro de esta complejidad?”, se preguntó el diputado.
Cifuentes también quiso hacer referencia a la auditoría de seguridad anunciada por el Principado para analizar las grabaciones de seguridad y determinar si hubo fallos. “Está bien que se haga. Pero una auditoría no puede convertirse en una cortina de humo. El Partido Popular lleva meses advirtiendo de los problemas de Sograndio y el propio Gobierno reconoce ahora que el centro no estaba preparado para la situación actual. Una auditoría puede determinar qué ocurrió, pero no puede sustituir a la responsabilidad política”, advirtió.
Por todo ello, Cifuentes exigió al Gobierno del Principado una investigación inmediata y transparente sobre las acusaciones formuladas por AVISPA y sobre las funciones que están desempeñando las personas incorporadas como auxiliares; el cumplimiento estricto del contrato de seguridad, garantizando que las funciones reservadas legalmente a vigilantes sean realizadas por personal debidamente habilitado y formado; reforzar de manera real la plantilla socioeducativa y mantener las plazas existentes. Sograndio necesita profesionales, no amortizaciones; un plan integral de seguridad y funcionamiento del centro, que incluya protocolos de actuación ante fugas, motines y agresiones, coordinación entre personal educativo y seguridad y procedimientos claros de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y la licitación inmediata del proyecto para el nuevo centro, acompañada de una reforma urgente de las instalaciones actuales mientras ese nuevo equipamiento llega.
Para finalizar, Cifuentes afirmó que “el problema no son los menores, sino la incapacidad del Gobierno de Barbón para gestionar el centro. En el Partido Popular no vamos a convertir este problema en un debate sobre los menores. Aquí no estamos señalando a los internos. Estamos señalando al Gobierno. Porque los menores necesitan un centro seguro. Los trabajadores necesitan acudir a su puesto de trabajo sin miedo. Los profesionales necesitan poder desarrollar su función educativa y de reinserción. Y Asturias necesita una Administración que sea capaz de garantizarlo. No se puede pretender que educadores, auxiliares y vigilantes solucionen con esfuerzo personal lo que el Gobierno no ha sabido resolver con planificación, medios y dirección.”
