● El diputado regional José Cuervas-Mons afirma que el informe del órgano fiscalizador es “demoledor” respecto a unas ayudas públicas que superaron los 48 millones de euros en 2023: “El Ejecutivo regional hace caso omiso”
● “Es inquietante que la Intervención General del Principado no haya efectuado revisión alguna desde 2020, cuando la propia Sindicatura enfatiza que resulta imprescindible por el riesgo que deriva de su carácter excepcional”
El Partido Popular denunció hoy la ausencia de control del Gobierno de Barbón respecto a las subvenciones nominativas del sector público autonómico, como ha alertado la Sindicatura de Cuentas, y cuyo importe superó los 48 millones de euros en 2023.
El diputado regional del PP José Cuervas-Mons afirmó que un reciente informe de la Sindicatura de Cuentas, del pasado 29 de enero, sobre las subvenciones nominativas “es demoledor y deja muy mal parado al Ejecutivo de Barbón”.
En este sentido, destacó que “es muy inquietante que el citado análisis de la Sindicatura concluya que la Intervención general del Principado no haya efectuado control alguno sobre las subvenciones nominativas otorgadas, y que el último informe realizado sea del año 2020: Son muchos años sin control, sobre todo cuando la Sindicatura enfatiza que el control financiero de la Intervención General sobre estas subvenciones resulta imprescindible, considerando los factores de riesgo derivados de su carácter excepcional”.
El diputado popular señaló que este último informe de la Sindicatura de Cuentas se une a otros que confirman que la actividad económica- financiera del Principado presenta un deficiente control.
Así, citó la arbitrariedad y despilfarro con que se lleva a cabo la contratación menor o la evidente falta de control en las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes, que la Sindicatura llevaba advirtiendo desde hace tiempo.
Cuervas-Mons remarcó que todos estos datos “ponen de manifiesto, una vez más, que por lo general el Gobierno asturiano hace caso omiso a las recomendaciones contenidas en los informes de nuestro máximo órgano fiscalizador”.
El parlamentario del PP desgranó algunas de las conclusiones de la Sindicatura sobre la concesión de subvenciones nominativas. Por ejemplo, que en ninguno de los expedientes hay evidencia de la justificación de la elección del proceso de concesión directa de las ayudas, frente al procedimiento ordinario de concurrencia competitiva.
Asimismo, y salvo en dos casos, tampoco ha evidencia de que se haya comprobado que se haya realizado la actividad para la que se concedió la subvención, y en el 85 por ciento de los expedientes analizados no hay constancia de la valoración del órgano gestor respecto a la idoneidad del proyecto presentado por el beneficiario.
José Cuervas-Mons indicó que la situación es aún más alarmante si se tiene en cuenta que el 82 por ciento de estas subvenciones tienen carácter recurrente, y el 75 por ciento han sido concedidas repetidamente, al menos, en los últimos cuatro años, cuando el informe resalta que debería de tratarse de una medida puntual de estímulo y promoción.
“Esta política, tan generalizada en el Gobierno de Barbón, choca con el espíritu de la Ley de Subvenciones”, recalcó, y añadió que en casi el 40 por ciento de los casos no existe un informe que acredite las actuaciones de comprobación y en el 60 por ciento restante, la Sindicatura concluye que el contenido de los informes no es el adecuado.
La Sindicatura de Cuentas refleja también que en nada menos que cuatro consejerías -Transición Ecológica, Salud, Fomento y Medio Rural- se han detectado casos en los que el órgano concedente forma parte de los órganos de decisión de los entes beneficiarios, como pueden ser patronatos o consejos de administración.
“En estas situaciones, tienen la obligación de abstenerse al dictar la resolución de concesión, y no lo han hecho, por lo que se ha incumplido la ley de Régimen Jurídico del Sector Público”, afirmó.
Como consecuencia de estas prácticas, el PP ha solicitado la comparecencia en la Junta General del Síndico Mayor y del consejero de Hacienda “para que de las oportunas explicaciones y aclarar la falta de voluntad política del Gobierno de Barbón para ejercer ese control”, indicó José Cuervas-Mons.
