● Los diputados regionales Luis Venta y José Cuervas-Mons advierten de que la mayoría de las jefaturas de servicio del Principado están en una situación contraria a la ley
● “El Gobierno regional ni está ni se le espera; está en expectativa de destino, a la oposición”
13 de febrero de 2026.- El Partido Popular denunció hoy el caos en que está sumido el Gobierno de Barbón, “que nada soluciona y todo pasa a la lista de espera”, y al que calificó de “un grupo de amiguetes que viven a costa de los asturianos y que se podría decir que está en expectativa de destino, a la oposición”.
Los diputados regionales Luis Venta y José Cuervas-Mons criticaron especialmente la gestión de la función pública, dependiente de la vicepresidenta, Gimena Llamedo, que calificaron de “anormal e ineficaz y propia de un Gobierno que ni está ni se le espera”.
Luis Venta enumeró varios de los problemas de la región por la nefasta gestión del Principado: las listas de espera sanitarias, 300 días de espera para la dependencia o el fracaso de la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, a los que se une la función pública-
A este respecto, Cuervas-Mons denunció que, por ejemplo, la mayoría de las jefaturas de servicio del Principado están en una situación contraria a la ley al mantenerse durante años la provisionalidad en los puestos de personal funcionario del mayor nivel y responsabilidad. “Todos los puestos vacantes, sin excepción, deben ser convocados para su provisión por concurso de méritos a más tardar en un año, pero en el Principado se recurre a la comisión de servicios, que está reservada a situaciones de urgente e inaplazable necesidad y luego se mantienen durante años”, añadió.
En la actualidad, de las 196 jefaturas de servicio, más de la mitad están cubiertas en comisión de servicio, 20 en sustitución del titular, cuatro en adscripción provisional y seis por libre designación anuladas por sentencia.
Luis Venta afirmó por su parte que el Gobierno “no sabe por dónde anda, pero genera graves consecuencias a los asturianos” en la función pública, y citó el caso de 25 personas de la escala de ingenieros técnicos agrícolas y cinco de montes que llevan esperando más de un año para acabar el proceso de estabilización, cuyo objeto era precisamente reducir la temporalidad. “Se está aislando a 30 trabajadores en sus derechos de unos empleados públicos que participan, por ejemplo, de los trámites de la PAC, por lo que también son damnificados miles de agricultores y ganaderos”, agregó.
Los parlamentarios populares anunciaron que han pedido la comparecencia en la Junta General de la vicepresidenta del Gobierno y del director general de Función Pública “para que den explicaciones de este caos”.
