· Los senadores del PP por Asturias anuncian que el PP ha conseguido iniciar la tramitación en el Senado de la Proposición de Ley para que estos profesionales sean considerados por ley agentes de la autoridad
· Este reconocimiento implica que “dejen de ser invisibles, les permite tener presunción de veracidad, tiene carácter disuasorio ya que atentar contra ellos supone una pena mayor e incrementará su seguridad jurídica”, defiende el senador Pablo González
· Los populares preguntarán en el Senado al ministro Marlaska por la situación del Centro Penitenciario de Villabona, que sufre carencias en cuanto a infraestructuras, carencias en la atención sanitaria de los internos así como falta de personal: De los 560 funcionarios adscritos, en la práctica sólo trabajan en torno a 370
El senador del PP por Asturias Pablo González ha anunciado hoy que el PP ha conseguido iniciar la tramitación en el Senado de la Proposición de Ley para que los funcionarios de prisiones sean considerados por ley agentes de la autoridad, como ocurre en otros países como Francia.
La Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular en el Senado plantea la modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Ya que, por ahora, ninguna norma con rango legal les concede actualmente la condición de agentes de la autoridad. “En estos años la realidad ha cambiado y la ley no, en las sucesivas reformas del Código Penal no ha llevado pareja la reforma de la Ley penitenciaria”, ha explicado González.
Se trata de una “demanda justa” del colectivo, que en España engloba a 21.500 funcionarios, de los cuales 14.500 realizan tareas propias de área de vigilancia. En Asturias, hay en teoría 560 funcionarios de prisiones adscritos al Centro Penitenciario de Villabona, aunque existen carencias de personal y materiales. Hay, de hecho, obras pendientes en este Centro valoradas en 45 millones, ha adelantado el senador popular, tras el encuentro mantenido hoy en la sede del PP de Gijón con Emilio Espiniella, funcionario de prisiones representando en el sindicato CSIF, en el que también han participado los senadores por Asturias José Manuel Rodríguez “Lito” y Teresa Mallada así como el diputado regional Manuel Cifuentes.
El hecho de reconocer a estos profesionales como agentes de la autoridad implica que “dejen de ser invisibles, les permite tener presunción de veracidad, tiene carácter disuasorio ya que atentar contra ellos supone una pena mayor y va a incrementar su seguridad jurídica pues la Abogacía del Estado se responsabiliza de su defensa si es necesario”, ha defendido González.
Los funcionarios de prisiones en Asturias solicitan ya desde hace muchos años mayor seguridad en sus puestos de trabajo. En 2023, se produjeron 5.623 agresiones en las cárceles de España, de las cuales el 70% dieron lugar a lesiones, una cifra superior a la del año anterior. En el Centro Penitenciario de Asturias, el año pasado hubo más de doce agresiones. “El problema es que esto se ha asumido con naturalidad. Hay un problema de invisibilidad de los funcionarios de prisiones”, ha denunciado el senador Pablo González.
Desde el PP defienden la necesidad de que estos profesionales que atienden a los presos realicen su trabajo con la máxima seguridad, y también medios. La falta de medios materiales y humanos es otra de las viejas reivindicaciones de los funcionarios de prisiones en Asturias, que la iniciativa que se tramita ahora en el Senado a iniciativa del PP pretende solucionar.
La Proposición de los populares incluye asimismo que, en la modificación de la Ley General Penitenciaria anteriormente citada, se incluya asimismo que “la Administración penitenciaria contará con el personal necesario y debidamente cualificado”.
Precisamente la ausencia de formación, sobre nuevos hechos delictivos y su tipología penal así como en materia de defensa personal, constituye otra de las principales reclamaciones del colectivo. Una cuestión que la Proposición de Ley del PP también contempla al incluir en uno de sus puntos que “los funcionarios de prisiones deberán recibir la formación específica, tanto teórica como práctica, antes de iniciar su actividad”.
Centro Penitenciario de Villabona
El senador del PP por Asturias José Manuel Rodríguez “Lito” ha anunciado por su parte que el PP llevará próximamente al Senado una batería de preguntas para pedir explicaciones al ministro Marlaska sobre sus intenciones respecto a la situación del Centro Penitenciario de Asturias, Villabona.
Este Centro, según ha explicado el senador popular, tiene adscritos a 560 funcionarios pero faltan 80 plazas por cubrir y 110 están como segunda actividad. Por lo que, en la práctica trabajan en torno a 370 profesionales y faltan unos 190 funcionarios.
Las carencias afectan también a las infraestructuras, con instalaciones muy viejas, ventanas deficientes, una cocina en mal estado, goteras, un tejado que necesita reparación… Hay proyecto que se podría desarrollar para dejarlo como se merece y que está valorado en torno a los 25 millones, ha afirmado a este respecto Rodríguez.
El senador del PP se ha referido asimismo a la necesidad de actualizar los protocolos de la instalación así como de solucionar las carencias en la atención médica, ya que el Centro carece de médico dos días a la semana. En Villabona, de los cerca de 1.000 internos que hay, casi la mitad presentan patologías psiquiátricas que precisan de control y dosis de medicación constantes.
Iniciativa en la Junta sobre atención médica
Al respecto de la atención sanitaria en el Centro Penitenciario de Villabona, el diputado regional Manuel Cifuentes ha anunciado que el Grupo Popular está trabajando en una iniciativa en la Junta General del Principado para solicitar al Gobierno de Barbón que asuma la competencia sanitaria en materia penitenciaria, con la dotación presupuestaria necesaria por parte del Ministerio, para cumplir de esta manera con la obligación legal que desde hace años tienen las Comunidades Autónomas.
Leyes Feijóo tramitadas con influencia en Asturias
Pablo González ha enmarcado, por último, esta Proposición de Ley que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad dentro de un paquete de leyes más amplio que el PP está tramitando en el Senado, que tienen influencia en Asturias y que ha denominado “Leyes Feijóo”, como son la: reducción del IVA en las peluquerías, el reconocimiento de la discapacidad da partir del 33%, la Ley para desalojar a okupas en 48 horas, ampliación de la prisión permanente revisable, la modificación de la Ley de costas para mayor seguridad jurídica y protección del litoral, la modificación de la Ley de montes para facilitar su gestión, la Ley de base de régimen local para que los concejales de todos los ayuntamientos puedan tener voto telemático, y la eliminación del término “disminuido”.
