● El diputado regional Andrés Ruiz afirma que el propio consejero de Hacienda no rechaza la creación de un consorcio fiscal en Cataluña, que sería la puerta de entrada a una fiscalidad catalana diferenciada para que esta comunidad gestione el cobro de más de 51.000 millones de euros en impuestos
● El parlamentario popular critica el apagón informativo del Gobierno sobre la inversión regionalizada del Estado, tras conocerse que en la mitad del año 2022 solo se había ejecutado una cuarta parte de la anunciada para Asturias
● “No es ético que el Ejecutivo de Sánchez favorezca con legislación a medida las inversiones en Cataluña y que se favorezca el retorno de sedes sociales a esta comunidad”
El diputado regional del Partido Popular Andrés Ruiz advirtió hoy de que Pedro Sánchez está creando un marco fiscal y económico a la carta para los independentistas catalanes, y acusó a Adrián Barbón de no defender los intereses de Asturias.
Andrés Ruiz afirmó que el propio consejero de Hacienda llegó a afirmar que se “podría evaluar” la propuesta de un consorcio fiscal en Cataluña, en o que supone una “demostración clara de sumisión a los postulados de los socialistas catalanes”.
“Recordemos que con esta propuesta se pretende que Cataluña pase a gestionar el cobro de más de 51.000 millones de euros en impuestos; es la puerta de entrada a una fiscalidad catalana diferenciada”, indicó.
El parlamentario popular denuncia también que el Gobierno de Sánchez ha decretado un apagón informativo sobre la inversión regionalizada, luego de que se conociese, a instancias del PP en el Congreso, que en Asturias solo se había ejecutado una cuarta parte de las inversiones previstas para Asturias en la mitad del año 2022.
“Esta situación provoca, por ejemplo, que nada se sepa de cómo se ejecutaron los 420 millones de euros que las Cuentas del Estado preveían invertir en Asturias durante 2023”, subrayó.
Andrés Ruiz también se refirió a la reforma de la ley de Sociedades de Capital para favorecer el retorno de sedes sociales a Cataluña, y se preguntó si es ético que el Gobierno de Sánchez favorezca con una legislación a medida las inversiones en una parte del territorio español.
