- El diputado regional Rafael Alonso destaca que algo se hizo mal, dejación de funciones o mala praxis, reclama a Barbón que dé la cara y muestra alarma y preocupación por las informaciones sobre la actividad de Belarmina Díaz
- “Es gravísimo que la consejera reconozca que había irregularidades en la mina. ¿Desde cuándo se sabían? ¿O en Asturias hay minas irregulares y el Gobierno no lo sabe?
- “No basta con la dimisión de la consejera, porque la responsabilidad también es de sus antecesores, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí. A todos ha premiado Barbón”
El diputado regional del Partido Popular Rafael Alonso afirmó hoy que el Gobierno de Barbón ha fallado y no actuó con la diligencia debida en relación a la actividad de la empresa a la que el Principado concedió los permisos en la mina de Cerredo (Degaña) en la que el pasado lunes fallecieron cinco trabajadores.
Rafael Alonso destacó que la mejor muestra de respeto a la familia minera, a los fallecidos y a los heridos es clarificar con total transparencia las responsabilidades de la tragedia, por lo que el PP ha pedido la comparecencia en la Junta General de Adrián Barbón, “que debe dar la cara”, y de la consejera Belarmina Díaz, que era la directora general de Minas cuando se concedieron los permisos.
El parlamentario popular señaló que la pérdida de vidas pone de manifiesto que “algo se hizo mal”, y mostró la alarma y preocupación suscitada por la sucesión de informaciones sobre el desempeño del Gobierno regional: “Nuestro objetivo es que se expliquen todas las circunstancias y especialmente la actividad del Principado; establecer los hechos es necesario para que no se repitan nunca más”.
A este respecto, destacó que la consejera haya reconocido que había “indicios de irregularidades en la mina” es un hecho gravísimo: “¿Desde cuándo lo sabían? ¿O es que en Asturias hay minas irregulares y el Gobierno de Barbón no lo sabe?”
Alonso incidió en que las palabras de Belarmina Díaz evidencian que el Principado no hizo su trabajo, que lleva días ocultándolo y que al menos hubo una dejación de funciones o mala praxis, si es que no ha habido otras cosas”.
El diputado del PP aludió a las manifestaciones de Barbón en el sentido de que iba a depurar responsabilidades: “Supongo que no se conformará con revisar a la empresa, sino que también chequeará la manera de actuar de su Administración, a todos los niveles”.
Rafael Alonso hizo un repaso de los hechos conocidos hasta ahora. Tras ser cerrada en 2018, se concede un permiso de actividad en Cerredo en 2021, y en agosto de 2022 se produce un accidente mortal. En el informe elaborado por personal de la dirección general de Minería ya se recoge que hay indicios de una extracción ilegal de carbón.
Existe una comunicación de un vecino, en octubre de 2023, sobre una posible extracción irregular de carbón, que no se tramita hasta hace unos días, y entre noviembre de 2023 y abril de 2024, la ahora consejera se reúne en tres ocasiones con la empresa y se concede la autorización de investigación sobre grafito, pero no en la tercera planta, donde se produjo el accidente.
“Me pregunto: ¿con qué personas se reunió?, ¿qué asuntos se trataron? ¿por qué fueron necesarias tres reuniones y qué compromiso o acuerdos se alcanzaron? Porque todo parece indicar que las persona eran las mismas”.
A todo esto, se une el escrito de otra empresa minera donde de denuncia el posible carácter fraudulento de la actividad en Cerredo, pues la investigación de grafito no sería más que la justificación para extraer carbón, a la vez que se señala la incomprensible permisividad del Gobierno asturiano.
Además, se han conocido vínculos familiares de Belarmina Díaz con empresas del sector minero y energético.
Alonso se preguntó si ésta es la forma diligente de actuar con los permisos mineros, “y por eso no basta con la dimisión de Belarmina Díaz, porque la responsabilidad también es de sus predecesores, pues todo este entramado también se produjo en su etapa y deberían conocer todos esos hechos”.
“Sin embargo, Barbón ha premiado a los anteriores consejeros ideando una tela de araña en la que asciende al reprobado Enrique Fernández a presidente de Hunosa y designa a la consejera de los líos, Nieves Roqueñí, como presidenta del puerto de Gijón”, indicó.
En este sentido, recalcó que todas estas circunstancias deben ser aclaradas con transparencia, “y a día de hoy, los socialistas son los únicos que no han pedido explicaciones. Ellos sabrán por qué”.
Alonso afirmó que la ahora llamada Consejería de Transición Ecológica ha sido una fuente de conflictos, mala gestión y oscurantismo desde que Barbón es presidente.
“La dignidad y el dolor de las familias de los fallecidos y heridos merece una explicación de los responsables públicos con total transparencia, porque hoy en día no puede ser que el grisú acabe con vidas. Merecen saber qué ha ocurrido y quienes son los responsables en todos los ámbitos”.
