- La diputada regional Gloria García reclama la paralización del proceso y propone una disposición transitoria que garantice la continuidad de las actuales directoras laborales con pleno respeto a sus derechos
- Gloria García afirma que “la decisión de sustituir a las directoras laborales de las escuelas infantiles responde a una decisión política y no a una imposición jurídica”
La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Educación, Gloria García, advirtió, en rueda de prensa celebrada esta mañana en la Junta General junto a una representación de directoras de escuelas de 0-3, tras mantener previamente una reunión con ellas, que desde la Red Autonómica de Centros siempre se planteó la convivencia entre directoras laborales y funcionarias. Sin embargo, García señaló que “a la vista de los últimos acontecimientos esta convivencia se pone en riesgo.”
Según indicó la diputada popular, la resolución de la Consejería de Educación, publicada en el BOPA el 25 de junio de 2026, por la que se convoca el procedimiento, por tramitación de urgencia, para la provisión de plazas de Dirección de diversas escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil de la Red de Escuelas Infantiles del Principado de Asturias y de escuelas municipales genera indefensión. “Se sacan a concurso plazas de dirección sin que las directoras afectadas hayan recibido una resolución individual de cese ni una comunicación oficial informándoles de la pérdida de sus funciones,” censuró.
En este contexto, Gloria García recordó que “en el Fundamento de Derecho Séptimo de la citada Resolución se afirma que existen ceses en sus funciones de diversos directores y directoras por fin del período de mandato o de otros supuestos previstos en la normativa vigente. Sin embargo, una lectura pormenorizada de la resolución permite concluir que no se identifica a las personas afectadas, ni consta que se haya dictado ninguna resolución individual notificando dichos ceses.”
“Es conveniente recordar que antes de considerar una plaza vacante, la Administración debe comunicar oficialmente esa decisión, motivarla y permitir que las personas afectadas puedan defender sus derechos. Al no hacerlo, se genera una situación de inseguridad jurídica e indefensión,” destacó la portavoz de Educación.
En este sentido, García se mostró contundente al afirmar que “desde el Grupo Parlamentario Popular, queremos trasladar un mensaje muy claro: las actuales directoras laborales de las escuelas infantiles pueden seguir desempeñando su trabajo porque la legislación vigente lo permite. No existe ninguna obligación legal que exija sustituirlas por personal funcionario. De hecho, ninguna norma exige que la dirección de las escuelas infantiles de 0 a 3 años tenga que ser desempeñada exclusivamente por funcionarios de carrera.”
Asimismo, subrayó que “no existe ninguna obligación legal que impida que las actuales directoras laborales continúen desempeñando su trabajo” y señaló que “por eso consideramos que lo que está ocurriendo responde a una mera decisión política, no a una imposición jurídica.”
“Las directoras laborales que ahora desempeñan la labor como directoras de las escuelas infantiles accedieron a sus puestos cumpliendo todos los requisitos legales. Han desarrollado su trabajo durante años con profesionalidad, experiencia y compromiso, contribuyendo a crear proyectos educativos sólidos y estables. Ahora, sin haber recibido una resolución individual de cese, ni una comunicación oficial que explique por qué pierden sus funciones, sus plazas salen a convocatoria pública. Esto genera una situación de absoluta inseguridad jurídica e indefensión,” denunció.
En esta línea, García afirmó que “la propia legislación protege los derechos adquiridos por estas trabajadoras. Las leyes no pueden aplicarse con efectos retroactivos para perjudicar a quienes fueron contratadas conforme a la normativa vigente. Existe una solución sencilla y plenamente legal: incorporar una Disposición Transitoria en el futuro Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) que permita mantener a las actuales directoras laborales hasta que finalice su vínculo laboral, respetando sus derechos.”
Más allá de la cuestión jurídica, la parlamentaria quiso poner el foco en las consecuencias de esta decisión para la comunidad educativa y señaló que “existe una cuestión de simple sentido común. ¿Quién pierde con esta decisión? Pierden las escuelas, porque se rompe la continuidad de los proyectos educativos. Pierden los equipos docentes, que ven cambiar continuamente a quienes coordinan y organizan el funcionamiento del centro. Pierden las familias, que necesitan estabilidad y referentes conocidos. Y, sobre todo, pierden los niños, que necesitan entornos educativos seguros, estables y dirigidos por profesionales con experiencia.”
“La realidad ya está demostrando que muchas de estas plazas no están siendo ocupadas por funcionarios de carrera, sino por personal interino que cambia cada curso. Eso significa sustituir a directoras con años de experiencia por direcciones temporales, con la consiguiente pérdida de continuidad en la gestión de los centros,” censuró.
En este sentido, insistió en que “resulta difícil entender que se prescinda de profesionales que han demostrado durante años su capacidad para dirigir las escuelas cuando la propia Administración reconoce las dificultades para cubrir estos puestos de forma estable.”
Por ello, García reclamó que “se paralice este proceso y se excluyan de la convocatoria las plazas ocupadas por directoras laborales hasta que su situación se resuelva con todas las garantías legales. No estamos defendiendo privilegios. Estamos defendiendo el respeto a los derechos adquiridos, la seguridad jurídica y, sobre todo, la calidad del servicio público.”
“Las escuelas infantiles necesitan estabilidad, experiencia y continuidad. Cambiar un modelo que funciona por una decisión política no beneficia a nadie. Cuando se pierde la estabilidad en la dirección de una escuela infantil, no solo pierden las profesionales afectadas. Pierde toda la comunidad educativa,” concluyó.
