- La diputada Gloria García recuerda el papel como testigo en el Caso Marea del recién nombrado secretario general técnico, cuyo nombre aparece en un dictamen en el que se alude su “dejación de funciones en el control, contratación y coordinación de servicios”
- El parlamentario José Agustín Cuervas-Mons denuncia que las contrataciones en la Administración socialista tienen que ver más con “la economía circular” del Presidente que contrata a “personas afines” al PSOE en lugar de fijarse en su “mérito y capacidad”
18 de julio de 2025.- Los diputados del grupo parlamentario popular, Gloria García y José Agustín Cuervas-Mons han denunciado hoy “la continua práctica de Adrián Barbón y su Gobierno para colonizar la Administración con personas cercanas al PSOE en lugar de buscar la eficacia en los puestos que desempeñan”.
La parlamentaria Gloria García se ha referido de forma concreta al nombramiento del secretario general técnico de la Consejería de Educación. “No podemos juzgar su labor porque acaban de empezar, pero lo que sí podemos es extrañarnos de su nombramiento”, ha subrayado. El actual secretario general técnico de la Consejería de Educación es, ha recordado García, “una persona mencionada en el dictamen de la Comisión de Investigación del Caso Marea, entonces uno de los altos cargos que, según la literalidad del dictamen fue en su momento el secretario general técnico de la Consejería de Cultura y Administraciones Públicas y, además, portavoz del Gobierno”. En ese dictamen, señala la diputada popular, “aparece la reprobación política de este señor, entre otros altos cargos, y se habla de negligencias, de dejación de funciones en el control, contratación y coordinación de los servicios… lo que facilitó el desarrollo del mayor caso de corrupción sucedido en Asturias hasta la fecha”. Por todo ello, “pedimos al Adrián Barbón que proceda a nombrar a un nuevo secretario general técnico que inspire más confianza y no esté vinculado a ningún caso de corrupción”.
Desde el Gobierno, ha recordado García, “se justifica el nombramiento diciendo que el actual secretario general técnico fue un testigo de la Fiscalía, al que citaron para esclarecer los hechos”. Y si así fue, continúa la parlamentaria, “es porque también era conocedor de lo que estaba sucediendo”.
Consecuentemente, ha subrayado, “consideramos que si este señor no participó, miró para otro lado, algo que le incapacita para ocupar un puesto como secretario general técnico en la Consejería de Educación, donde precisamente está epicentro del Caso Marea”. Gloria García ha recordado que de hecho, el caso “sigue sin resolver” porque el Gobierno el Principado de Asturias “no recibió aún los 2.180.000 euros de indemnización que debían aportar los condenados”, información por la que el grupo parlamentario ya ha preguntado.
Error absoluto
Por su parte, el diputado José Agustín Cuervas-Mons ha ratificado las palabras de García tildándolo de “error absoluto” puesto que a su juicio la Administración no debería “tener de responsable en la Consejería de Educación a quien fue señalado severamente por un dictamen de la comisión de investigación del caso Riopedre”.
La decisión de este y otros nombramientos, defiende el parlamentario popular, “es, básicamente, evitar que los afines al PSOE se queden sin ocupación o vean alterada su categoría profesional en la Administración pública” cuando lo natural debería ser “contratar para plazas de esta trascendencia a personal con especialización en el ámbito de la Administración pública, acreditando trayectoria profesional como requisito indispensable para acceder a un cargo”. No seguir esta línea es, a ojos de Cuervas-Mons, “especialmente grave porque, a fin de cuentas, se trata de órganos directivos cuyos elevados salarios sostenemos todos los asturianos con el dinero de nuestros impuestos, sea cual sea nuestra ideología”.
Por citar dos ejemplos, el diputado popular ha mencionada a la recién nombrada subdirectora general de Planificación y Gestión Ambiental que “ya en 2011 fue designada como directora del Museo Arqueológico”, un nombramiento que tal como ha recordado Cuervas-Mons “fue anulado por los tribunales”. En aquel momento el Gobierno “justificó el cargo aduciendo que tenía experiencia al frente del servicio jurídico de la Dirección de Patrimonio, además de condición de técnica superior del Cuerpo de Administraciones del Principado de Asturias, una especialidad bastante alejada de las funciones que ahora se le encomiendan como subdirectora de Planificación y Gestión Ambiental”.
Hay otro caso, ha citado Cuervas-Mons, “el de la directora de planificación sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), nombrada en junio de 2025 sin tener previamente una vinculación con esa área porque provenía del Servicio de Tecnologías Educativas. Dudamos que sepa lo que es un centro de salud”.
Cuervas-Mons ha criticado que del de Barbón “es el Gobierno más caro de la historia de Asturias en número de eventuales y cargos de confianza”. Sólo el Presidente, ha matizado, “tiene a 23 personas para él, nueve para comunicación y el resto eventuales, algunos, que sepamos, para hacerles fotografías en los actos, como es el caso de un concejal de Corvera, Jorge Álvarez Fuentes”.
En definitiva, “entendemos que es importante que la Administración funcione con criterios de profesionalidad y no cometiendo abusos en la contratación de personal eventual y de confianza de personas afines al PSOE, sin tener en cuenta criterios de mérito y capacidad y priorizando la intención de querer controlarlo todo desde todos los perfiles posibles. Esto es, en definitiva, la economía circular del señor Barbón.
