- El diputado popular Manuel Cifuentes denuncia que la Justicia asturiana tiene proyectos paralizados mientras el presupuesto en Justicia aprobado permanece sin ejecutar, a pesar de que en 2025 aumentó de 5 a 8 millones de euros
- Cifuentes pone de relieve la falta de inversión y atención a la Justicia en Asturias, a pesar de los recursos comprometidos
El diputado regional del Partido Popular y portavoz de Justicia, Manuel Cifuentes, denunció los problemas estructurales que la Justicia asturiana arrastra desde hace décadas sin que el Gobierno de Asturias “aporte soluciones eficaces”.
“Mientras la maquinaria de propaganda del Gobierno trata de levantar una cortina de humo, la realidad es bien distinta: asistimos a un abandono continuado de la Justicia por parte de los gobiernos socialistas, una situación que, lejos de corregirse, se ha agravado con el actual Ejecutivo de coalición,” afirmó el diputado.
Tras denunciar el abandono de la Justicia asturiana, Manuel Cifuentes puso el foco en la gestión económica del Ejecutivo: “Basta con mirar el apartado de inversiones para el año 2025, un pequeño cuadro con apenas diez partidas, que ni siquiera son capaces de ejecutar.”
Cifuentes recordó que el año 2024 estuvo marcado por un “importante” recorte en inversiones y señaló que “la viceconsejera, por aquel entonces, lo justificó afirmando que, ‘a menor presupuesto, más fácil sería ejecutar el cien por cien’. La realidad desmintió ese argumento: la ejecución no superó el 66%, dejando al descubierto la incapacidad del Gobierno de Barbón para cumplir sus compromisos”.
En este mismo sentido, el parlamentario popular señaló que, en 2025, el presupuesto de inversiones aumentó, pasando de 5 a 8 millones de euros. Y lamentó que “sin embargo, lejos de mejorar, la ejecución volvió a empeorar, cayendo hasta el 60%. Cuatro de cada diez euros sin invertir.”
Asimismo, recordó que, de esos 8 millones, cerca de 7 procedían de fondos MRR, destinados fundamentalmente a dos actuaciones: el juzgado de Cangas del Narcea y el Palacio de Justicia de Oviedo, ante el que hoy nos encontramos. Pues bien, esta partida apenas alcanzó un nivel de ejecución del 55%.”
“El 80% del presupuesto se concentra en dos obras y ni siquiera son capaces de terminarlas,” subrayó Manuel Cifuentes, quien además destacó que “el 0% de ejecución de la partida de construcciones en el apartado de justicia del menor. Estamos ante un fracaso injustificable.”
A su juicio, “con esta falta de compromiso y con la incapacidad de gestión nunca se va a solucionar la grave situación de la Justicia en Oviedo,” y enumeró alguno de los principales problemas, como la falta de espacio del Palacio de Justicia de Oviedo y que la oficina judicial sigue sin entrar en funcionamiento, siendo la única de Asturias en esta situación.
“El deterioro que venimos denunciando año tras año no solo se mantiene, sino que se agrava: las reformas necesarias se acumulan, las inversiones llegan tarde y la ejecución es cada vez peor,” afirmó.
“Este año será especialmente difícil para la Justicia en Asturias. La falta de compromiso presupuestario ya está teniendo consecuencias claras: lo hemos visto en Gijón, donde la puesta en marcha de la Oficina Judicial ha sido caótica por la falta de medios humanos y materiales, y todo apunta a que la situación será aún más grave en Oviedo, donde ni siquiera existen espacios adecuados para ubicar al personal,” censuró Manuel Cifuentes.
“Mención aparte merece la violencia de género, con unas graves carencias de personal en un momento en el que tienen que asumir más carga de trabajo por los procesos de comarcalización y por asumir nuevos delitos. Se está dejando desatendidas a las víctimas de violencia machista por falta de compromiso presupuestario y de inversión, de voluntad política,” lamentó.
Para finalizar, Manuel Cifuentes afirmó: “Resulta inaceptable la actitud de un Gobierno que se muestra muy activo en pancartas y eslóganes, pero que después no garantiza los recursos necesarios para las víctimas. Por desgracia, ya es habitual que la propaganda del Gobierno de Barbón avance a gran velocidad, mientras que la gestión y las soluciones lo hacen con una lentitud desesperante. Y quienes pagan las consecuencias son siempre los mismos: los ciudadanos, los funcionarios, los profesionales y, especialmente, las víctimas”.
