- El diputado regional Luis Venta califica de “atropello” la nueva normativa de pesca en Asturias, que obliga a un preaviso de desembarco de dos horas y media
- El diputado popular afirma que “el cierre de la pesca anunciado para el lunes en toda España, con los barcos amarrados en puerto y las lonjas cerradas, es la consecuencia de un “ataque frontal del Gobierno de Sánchez”
El diputado regional del Partido Popular y portavoz de Medio Rural, Luis Venta, alertó hoy en rueda de prensa que “el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está ejerciendo presión sobre el sector pesquero asturiano, mientras el Gobierno de Asturias, una vez más, guarda silencio y abandona a los pescadores.”
El parlamentario popular criticó la actitud del Gobierno de Barbón con los pescadores asturianos, quienes, tras el anuncio del amarre de la flota y el cierre de las lonjas en Asturias desde el pasado lunes, siguen sin recibir solución alguna a un problema generado por el Ministerio.
A juicio del diputado regional, la nueva normativa para control de la pesca es un “atropello” al sector de la pesca en Asturias, ya que exige un preaviso de desembarco de pesca con dos horas y media de antelación.
“Todos los Gobiernos autonómicos afectados por la medida han realizado alegaciones a esta nueva regulación del Ministerio, apoyando y defendiendo al sector pesquero. Una vez más, el Gobierno de Barbón brilla por su ausencia: ni alegaciones, ni defensa, ni apoyo al sector pesquero,” afirmo Venta.
Según explicó el diputado popular “el cierre de la pesca anunciado para el lunes en toda España, con los barcos amarrados en puerto y las lonjas cerradas, es la consecuencia de un ataque frontal del Gobierno de Sánchez que afecta también a la flota pesquera asturiana.”
“Obligar a un barco que faena a menos de una hora de la costa a avisar con dos horas y media de antelación es un despropósito. Esta medida pone en peligro la actividad pesquera y las condiciones laborales de los marineros,” censuró.
Asimismo, explicó que el propio reglamento europeo de control pesquero reconoce la posibilidad de adaptar los plazos de notificación en función de la distancia a puerto y del tipo de actividad. “España tiene margen legal suficiente para defender a su flota si existe voluntad política,” afirmó.
Para Luis Venta, la medida evidencia una “falta de sensibilidad” por parte del Gobierno Central hacia el sector pesquero y constituye una muestra más de “desconexión” con las realidad del día a día de los pescadores. “A esta nula sensibilidad se suma el abandono de la Consejería de Medio Rural, que calla y no defiende los intereses de Asturias,” sentenció.
Venta señaló que el periodo de notificación de las capturas debe reducirse a una simple comunicación previa al desembarque de las especies, de modo que los pescadores no tengan que interrumpir su faena para cumplir con unos requisitos burocráticos que son completamente “inadecuados” para la naturaleza del trabajo en el mar.
“Esta nueva norma es inasumible para la flota asturiana que faena cerca del puerto. No tiene sentido que un barco que acaba la faena y se encuentra a media hora de la lonja, tenga que permanecer dos horas en la mar para cumplir la nueva normativa. Es un atropello en toda regla y, como ya viene siendo habitual, el Ejecutivo regional permanece en silencio, para no molestar. La única forma de que el control sea real y no un castigo es que el pesaje se realice en la lonja, no a bordo,” subrayó.
Luis Venta advirtió que la nueva versión del Diario Electrónico de Abordo, en vigor desde el pasado 10 de enero, obliga además a declarar todas las especies capturadas, y geolocalizar los buques de entre 12 y 15 metros de eslora.
Para el parlamentario popular la nueva norma para control de la pesca pone en riesgo la viabilidad de la mayoria de la flota asturiana y amenaza con perjudicar seriamente su funcionamiento. “Esto supondrá que la mayor parte de la flota asturiana se verá afectada, con trabas burocráticas absurdas que no mejoran el control de la actividad pesquera, pero sí generan pérdidas de tiempo, aumentan los costes e incrementan el riesgo real de sanciones injustas,” concluyó Venta.
