- El diputado Luis Venta denuncia que el Ejecutivo autonómico ha simulado los controles mientras los ataques han aumentado un 23% desde 2019, “ha sido una estafa política en las formas y un engaño continuo al sector”
- El parlamentario alerta de que los daños crecen, los planes se paralizan y el Gobierno abandona la defensa del medio rural tras la sentencia del Supremo
- Venta exige, ante el tercer plan anunciado por la Consejería, compromisos vinculantes, calendarios de ejecución y transparencia en los resultados frente a los que califica como “simulacro de control”
24 de febrero de 2026.- El diputado del Partido Popular en la Junta General, Luis Venta, ha afirmado hoy que “el Gobierno de Barbón ha engañado deliberadamente a los ganaderos asturianos con el control del lobo”.
Venta ha detallado que el Ejecutivo autonómico “ha engañado antes, durante y después de la inclusión del lobo en el LESPRE”. Antes de su entrada en 2021, porque “no ejecutó los Programas anuales para el control de la población: se abatían menos de la mitad de los ejemplares previstos”. Durante su permanencia en el LESPRE, “aprobaban programas de control sabiendo que no podían ejecutarlos, y hoy las consecuencias de aquellas mentiras son un plan paralizado”. Y tras su salida del listado, “han impulsado un programa que empezó tarde y terminó antes de tiempo”.
El parlamentario popular ha recordado que “los animales muertos por ataques de lobo han pasado de 2.922 en 2019 a 3.587 en 2025, lo que supone un incremento del 23%”, según datos oficiales. A juicio de Venta, “el programa anual de control del lobo de este Gobierno ha sido un brindis al sol, una estafa política en las formas y un engaño continuo al sector ganadero”.
La “última estafa”, ha señalado, se ha producido tras la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba los Programas de control de 2022 y 2023. “Los responsables de esas resoluciones, el consejero Calvo y el presidente Barbón, miran ahora para otro lado”, ha criticado.
Estafa por cuatro razones
En primer lugar, porque “publicaban resoluciones de control anual para intentar salvar políticamente la decisión de los socialistas de sobreproteger al lobo y así lamerse las heridas, no para solucionar el problema de los ganaderos y sí para salvarse de la quema”. Una estrategia que, según ha advertido, ha tenido una consecuencia desastrosa porque ha desembocado en la paralización del plan anual de control, lo que permitirá que el lobo “siga atacando y aumentando su población”.
En segundo lugar, porque tras la sentencia “han declinado defender el Plan de Gestión del Lobo”. “Se han rendido o, más bien, se han vuelto a poner del lado de quienes quieren sobreprotegerlo”, ha afirmado.
En tercer lugar, porque “no han pedido aclaración de sentencia, perdiendo otra oportunidad para defender al sector”. Según Venta, la resolución presenta ambigüedades sobre si la anulación afecta exclusivamente a los planes de 2022 y 2023 y a la aplicación del artículo 7.a en esos ejercicios, que es lo que parece. Pero han tirado por el camino fácil para ellos, para el Gobierno, y han perjudicado, otra vez, a los ganaderos”.
Y, en cuarto lugar, “es una estafa porque al apartarse, al querer quitarse del medio, perjudican gravemente al sector que sufre a diario los ataques del lobo. Que no nos cuenten milongas -ha advertido-, un nuevo decreto no estará aprobado, como mínimo, hasta el otoño, lo que en la práctica supone que “es el propio Gobierno de Asturias el que mete al lobo en un pseudo-LESPRE, impidiendo cualquier control efectivo de su población. Ahora, en la práctica, es como si ya estuviera protegido porque no se puede controlar su población”.
Venta ha subrayado que estas afirmaciones se sustentan en datos oficiales, no son elucubraciones: de los 53 lobos previstos en el programa anual de control, solo se abatieron 31, y casi el 50% de ellos tenían entre cuatro y siete meses. “Es decir, el supuesto control poblacional ha terminado siendo una actuación sobre lobeznos, mientras los ejemplares que generan daños continúan actuando ante la impasividad del Gobierno, que ni está ni se le espera ya en el sector primario”, ha denunciado.
Especialmente “sonrojante”, ha añadido, es lo ocurrido en el Oriente de Asturias, donde se preveía actuar sobre 12 lobos y únicamente se abatieron dos. “Ese es el balance real de la actuación del Gobierno para proteger a las ganaderías del Oriente: dos lobeznos. La prueba irrefutable de la estafa a los ganaderos”.
Una excusa para paralizar el control
Para el diputado popular, la sentencia del Tribunal Supremo ha sido “la excusa perfecta” para paralizar el control. “Han querido aparentar que actuaban cuando no tenían intención real de hacerlo. Han antepuesto, una vez más, los intereses de determinados colectivos ecologistas que defienden al lobo”, ha afirmado. En realidad, ha apuntado, “es su estrategia habitual”.
Luis Venta ha recordado que el Gobierno anunció “más de 250 cacerías autorizadas en Reservas Regionales de Caza para no abatir ni un solo lobo”, así como “batidas específicas con participación de voluntarios y cazadores que hasta el 13 de febrero no se habían celebrado”. “Ruido y fogueo en estado puro”, ha resumido.
A su juicio, se trata de “un timo profesional premeditado”, basado en “bloquear su puesta en marcha mediante trabas burocráticas y cláusulas de confidencialidad que desincentivaron la participación y espantaron a cualquier voluntario. Son impostores y tramposos porque han diseñado un simulacro de control y se han reído de los ganaderos en su cara”, ha afirmado.
Los daños siguen creciendo
Venta ha alertado de que la media de expedientes en 2023-2024 fue de 2.462, con 3.100 animales afectados, mientras que en 2025 se cifran en 2.850 expedientes y 3.587 animales afectados, lo que supone un incremento del 15%.
En términos acumulados, “desde que Barbón es presidente, los animales muertos han pasado de 2.922 en 2019 a 3.587 en 2025, un 23% más. Y así es cómo los números desmontan el relato oficial: los daños crecen y al lobo se le protege. El mundo al revés”, ha señalado. Asimismo, ha indicado que las indemnizaciones superan ya los 2 millones de euros en pérdidas directas.
“¿A quién defiende el Gobierno de Barbón: al lobo o a los ganaderos asturianos?”, ha preguntado Venta, quien ha advertido de que mientras las explotaciones cierran y los daños aumentan, el Ejecutivo “ha optado por anteponer los intereses de determinados colectivos frente a la supervivencia del medio rural”.
Finalmente, “ahora nos anuncian un tercer plan del lobo. Asturias no necesita un tercer documento, sino que se cumplan los compromisos adquiridos”. Y, para ello, ha avanzado Venta, “exigiremos compromisos claros, calendarios vinculantes de ejecución, una publicación periódica de resultados de controles y daños, y medidas inmediatas mientras se tramita el nuevo Decreto”.
“El problema no es el lobo, es la incapacidad de gestionar con eficacia y responsabilidad. La improvisación permanente no es compatible con una gestión eficaz”, ha concluido.
