- La diputada Cristina Vega denuncia que “el Gobierno de Barbón ha ignorado todas las alegaciones al decreto de zonificación y vuelve a incumplir su propia ley. Es un sinsentido”
- “Estamos hablando del mayor problema que tiene Asturias, y el Gobierno lo gestiona a golpe de decreto, sin diálogo y sin explicaciones”
- Vega alega que “con la propuesta del PP se incluirían 63 concejos que corresponden a más del 44% de la población asturiana, y se evitarían casos injustos como los de Cabranes, Caravia, Muros de Nalón, Navia, Santo Adriano o Vegadeo, que con el modelo del PSOE quedarían fuera”
La diputada del Partido Popular, Cristina Vega, ha denunciado hoy que el Gobierno del Principado haya aprobado el decreto de zonificación geográfica sin tener en cuenta ni una sola de las alegaciones presentadas por el Partido Popular, “ni siquiera han tenido la decencia de responderlas”.
“Estamos hablando del mayor problema que tiene Asturias, y el Gobierno lo gestiona a golpe de decreto, sin diálogo, sin explicaciones, y saltándose su propia ley”, afirma Vega.
El decreto, que debía haberse aprobado antes del 11 de noviembre de 2024, se publica con más de siete meses de retraso, lo que para la diputada popular demuestra una “falta de seriedad inaceptable en la aplicación de una ley que tardó cinco años en ver la luz”.
Tres clasificaciones en cinco años: sin estabilidad ni planificación
Vega también apunta que “en menos de cinco años el Gobierno ha cambiado tres veces la forma de clasificar los concejos”, lo que imposibilita cualquier política demográfica seria. “¿Dónde está la estabilidad que necesita un plan a largo plazo si el criterio cambia cada dos años?”.
Alegaciones del PP: “Propuestas de sentido común que respetan la ley”
En defensa a las alegaciones presentadas por el Partido Popular, la diputada Cristina Vega destaca que todas ellas eran “de puro sentido común y, lo más grave, necesarias para que el decreto cumpla con la Ley de Impulso Demográfico”.
“El decreto no dice qué concejos tendrán derecho a las ayudas, pero la consejera ha dicho en prensa que solo los dos últimos escalones”, señala Vega quien recuerda que “eso va contra la ley, ya que en su artículo 24.2 establece claramente que deben ser los tres últimos niveles”. Para el PP esta situación se subsanaría si el Gobierno tuviera en cuenta las alegaciones presentadas porque “con nuestra propuesta se incluirían 63 concejos que corresponden a más del 44% de la población asturiana, y se evitarían casos injustos como los de Cabranes, Caravia, Muros de Nalón, Navia, Santo Adriano o Vegadeo, que con el modelo del PSOE quedarían fuera”, apunta Vega.
“Pedimos algo tan sencillo como que se cumpla la ley, para evitar arbitrariedades como ya pasó con la tarifa rural, que dejó fuera a 20 municipios en riesgo de despoblación.”
Estabilidad: “No se puede subir y bajar de categoría cada año como si fuera un ascensor”
Cristina Vega afirmó que “otro de los grandes problemas del decreto es que permite que los municipios suban o bajen de categoría año tras año, perdiendo ayudas sin tiempo para consolidar políticas”.
En este sentido, el Partido Popular propuso dos medidas de transición: la primera, para evitar esos saltos de un año para otro, proponen que un municipio conserve sus ayudas si ha estado en esa categoría en al menos uno de los dos años anteriores. “Esto da estabilidad y sentido común a las políticas públicas”, defiende la diputada.
Pero es la segunda propuesta planteada desde el PP que consideran que “es aún más grave que no se haya recogido”. “Pedíamos un periodo transitorio respecto a la clasificación anterior, como ya ocurre en otras comunidades autónomas. Con este criterio, por ejemplo, Coaña podría mantener sus ayudas. No inventamos nada, solo pedimos lo que ya se aplica en otras regiones”, ha detallado Vega.
Para la diputada popular “ignorar este tipo de propuestas es no querer gobernar con visión territorial, ni con justicia, es aplicar medidas a base de titulares sin tener en cuenta los efectos reales en los concejos pequeños”.
Vega denuncia incumplimientos de la ley
Cristina Vega también denunció que el decreto aprobado incumple claramente la Ley 2/2024 de Impulso Demográfico, ya que por un lado no incorpora el informe de impacto demográfico exigido por el artículo 8.1. Y, por otro, tampoco existen aún las directrices para elaborar dicho informe, pese a que deberían haberse aprobado también en noviembre.
“Es decir, el decreto más importante de la ley de impulso demográfico, no cumple con la propia ley de impulso demográfico. Es un sinsentido”, concluyó Vega.
“El reto demográfico no se combate con marketing, sino con trabajo”
Ante esta situación, Cristina Vega exigió al Gobierno de Adrián Barbón “menos propaganda, y más respeto institucional”.
“No se puede tardar cinco años en aprobar una ley, y luego legislar tarde, mal, sin diálogo y sin cumplirla. El reto demográfico no se combate con marketing ni titulares vacíos, se combate con políticas serias, estables y justas”.
