- La parlamentaria del PP defiende que la postura de su grupo al considerar que la norma aprobada por el Gobierno “no aborda las causas del colapso del sistema eléctrico, encarece el coste de la energía y castiga a los grandes consumidores industriales sin aportar una solución estructural”
- Llamazares advierte de “lo que tenemos será una factura más cara para la industria y los ciudadanos y un sistema eléctrico vulnerable incapaz de garantizar la seguridad del suministro. Desde el apagón, el sistema eléctrico ha aumentado su dependencia de los servicios de ajuste y de las centrales de ciclo combinado como solución de respaldo ante la intermitencia de las renovables. Esto ha provocado sobrecostes estructurales que impactan directamente sobre la factura eléctrica”.
28 de julio de 2025.- “El Partido Popular ha votado en contra del Real Decreto-ley 7/2025 aprobado por el Gobierno tras el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, al considerar que no aborda las causas del colapso del sistema eléctrico, encarece el coste de la energía y castiga a los grandes consumidores industriales sin aportar una solución estructural”.
Así lo ha dicho hoy la diputada nacional del Partido Popular, Esther Llamazares, durante una rueda de prensa en la que ha calificado de “parche político sin estrategia energética” el decreto gubernamental.
Dice Llamazares que “este Real Decreto-ley ha sido tramitado sin memoria económica, sin evaluación técnica, sin informe de sostenibilidad ambiental y sin dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que cuestionamos su impacto y efectividad Además habilita al gobierno para intervenir precios regulados sin plazos ni condiciones definidas introduciendo más incertidumbre en un sistema ya tensionado».
“No se sabe cuánto cuesta, a quién beneficia ni cómo se aplicará. No hay una sola medida clara para reducir el coste de la electricidad para la industria o prevenir nuevos apagones”, denuncia la diputada.
Así las cosas “lo que tenemos será una factura más cara para la industria y los ciudadanos. Desde el apagón, el sistema eléctrico ha aumentado su dependencia de los servicios de ajuste y de las centrales de ciclo combinado como solución de respaldo ante la intermitencia de las renovables. Esto ha provocado sobrecostes estructurales que impactan directamente sobre la factura eléctrica”.
Según un informe técnico sobre el impacto del apagón, tal como ha enumerado Llamazares, “el coste de las restricciones técnicas ha aumentado un 90 % de media desde mayo; la factura eléctrica general ha subido un 56 % respecto a 2024; la industria electrointensiva ha sufrido un incremento medio del 32–36 % y hasta un 7 % del precio final de la electricidad se debe a fallos operativos del sistema». Por lo tanto, “estamos pagando más por un sistema más ineficiente y vulnerable. Y mientras tanto, el Gobierno lo único que hace es tapar agujeros sin reformar nada de fondo.”
Asturias, sin embargo, “sigue sin respuesta ante los problemas estructurales. Sabemos lo que necesita nuestra industria. En el Principado, por poner un sólo ejemplo, aún está sin solucionar una infraestructura crítica como el anillo eléctrico de 400 kV, clave para reforzar el suministro, facilitar la evacuación de renovables y atraer nuevas inversiones industriales”, recuerda Esther Llamazares. Pero “el Gobierno del Principado de Asturias no ha exigido al Gobierno de España las actuaciones necesarias. El pasado 5 de febrero, el grupo parlamentario popular en la Junta General del Principado reclamó esta inversión mediante una Proposición No de Ley, que fue rechazada por el PSOE y sus socios”, subraya la diputada nacional.
“Se llenan la boca hablando de reindustrialización, pero ni en Madrid ni en Asturias se defienden las infraestructuras que realmente hacen falta. Asturias sigue sin el refuerzo de red que lleva años esperando”, reprocha.
Por todas las explicaciones dadas, Esther Llamazares, cree el país “tiene una política energética sin rumbo” y por eso desde el Partido Popular “exigimos una estrategia energética seria, coherente y de largo alcance. Mientras el Gobierno se aferra a los ciclos combinados como única respuesta de urgencia, el PP defiende un mix energético equilibrado, predecible y competitivo, basado en generación firme, una red moderna y precios estables que garanticen seguridad de suministro y competitividad para la industria. En este contexto es importante la ampliación de las Centrales Nucleares y el bombeo para dar robustez al sistema”.
“Frente al Real Decreto-ley 7/2025 hemos mantenido una posición coherente con nuestras propuestas en materia de Política Energética. No es un gesto político, sino un compromiso firme con el futuro industrial de España, con la sostenibilidad del sistema eléctrico y con el bienestar de los consumidores”, advierte Llamazares. Y concluye, “no se puede hablar de transición energética si el resultado es un sistema más frágil, más caro y menos competitivo. España necesita energía limpia, sí, pero también segura y asequible. Y eso no lo garantiza este decreto, lo compromete.”
