- La diputada popular Cristina Vega afirma que los informes que acompañan al decreto no analizan adecuadamente su impacto jurídico, y puede haber confusión entre las nuevas categorías demográficas y las clasificaciones fiscales vigentes, generando inseguridad sobre los derechos de los ciudadanos
- El Partido Popular presentará una iniciativa parlamentaria para que las bases de las convocatorias relacionadas con el reto demográfico tengan en cuenta las tres últimas categorías de la nueva clasificación, “para que no quede al arbitrio del gobierno, y para que no se repita lo que ya sucedió con la tarifa rural, que dejó fuera a 20 municipios en riesgo de despoblación”
- “Pedimos al Gobierno de Asturias que se ponga a trabajar. Seis años para aprobar una Ley que ahora incumplen mientras Asturias se queda sin vecinos en sus pueblos”
El Consejo Consultivo del Principado de Asturias ha ratificado “las advertencias hechas desde el Partido Popular” al respecto del decreto de zonificación geográfica impuesto, en el “que no tuvo en cuenta ni una sola de las alegaciones presentadas por el grupo parlamentario popular. Es más, ni las contestaron”.
Lo ha hecho, según ha detallado la diputada Cristina Vega, “en un dictamen emitido que confirma las advertencias que hacía el PP desde hace meses y en el que da un tirón de orejas al Gobierno al poner de manifiesto, con palabras muy medidas pero muy serias, que el decreto nace tarde, mal, sin diálogo y con graves problemas jurídicos y técnicos”. El documento, ha subrayado Vega, “deja dos cosas claras: que el Gobierno incumple su propia Ley de Impulso Demográfico y crea inseguridad jurídica”.
Por esto, ha anunciado Vega, “el Partido Popular presentará una iniciativa en el próximo período de sesiones, para que las bases de las convocatorias relacionadas con el reto demográfico tengan en cuenta las tres últimas categorías de la nueva clasificación, para que no quede al arbitrio del gobierno, y para que no se repita lo que ya sucedió con la tarifa rural, que dejó fuera a 20 municipios en riesgo de despoblación”.
Tal como ha explicado la parlamentaria, “el primer reproche del Consejo es rotundo en cuanto al incumplimiento de los plazos que marca su propia Ley. El decreto debería haberse aprobado antes de noviembre de 2024 y el sábado pasado entró en vigor, con ocho meses de retraso; pero es que, además, la Ley de Impulso Demográfico establece la obligatoriedad de elaborar un informe de impacto demográfico que, por supuesto, no está hecho, aunque también debería haber estado listo antes de noviembre de 2024”.
A este respecto, subraya Vega, “el Consejo Consultivo señala que el Gobierno no ha definido las directrices, criterios, instrucciones y metodología para su elaboración, conforme al artículo 8 de la Ley. Y advierte que ya se ha agotado el plazo de seis meses otorgado, a tal fin, por la disposición adicional cuarta de la Ley de Impulso Demográfico”.
Es decir, “el Gobierno aprueba este decreto sin cumplir su propia Ley al no tener informe de impacto demográfico. Y, ¿por qué no hay informe? Porque el Gobierno tampoco cumple el plazo para aprobar las directrices necesarias para elaborarlo”. O lo que es lo mismo, indica la diputada, “aprueban tarde un decreto que pide la Ley, lo hacen sin el informe que también pide la Ley porque no hicieron a tiempo lo que necesitaban para poder cumplir la Ley”.
Y todo esto, afea Vega, “es una chapuza legal, un despropósito político y una falta de respeto institucional absoluta. Y, recordemos, el reto demográfico es el mayor problema al que se enfrenta Asturias”.
Inseguridad jurídica
Con respecto a la inseguridad jurídica a la que se refiere el Consejo Consultivo, el dictamen señala, dando la razón al PP, que “existe una falta total de estabilidad en los criterios de zonificación”. En menos de seis años, como ha reiterado en distintas ocasiones el grupo popular, “el Gobierno ha cambiado tres veces la forma de clasificar a los concejos: en 2020, había una clasificación basada en densidad y pérdida de población; en 2022, había una nueva fórmula en los Presupuestos, menos de 20.000 habitantes y una pérdida del 10% desde el año 2000 (fórmula que sigue vigente pese a que la Ley es anterior a los últimos presupuestos); y ahora en 2025 hay una tercera clasificación con diez indicadores que agrupan a los concejos en cuatro categorías”, enumera Vega.
Cambiando los criterios “cada dos años no puede haber una planificación a largo plazo. Y esta inestabilidad fue la razón por la que desde el PP habíamos presentado alegaciones fundamentales al decreto. Veíamos que no se definía quién iba a tener derecho o no a ayudas y bonificaciones. Y pedíamos a su vez periodos de transición entre la clasificación anterior y la que ahora entra en vigor”, recuerda Vega.
Y ahora, “el Consejo Consultivo respalda nuestras alegaciones al señalar que, por un lado, los informes que acompañan al decreto no analizan adecuadamente su impacto jurídico; y al advertir, por otro lado, que puede haber confusión entre las nuevas categorías demográficas y las clasificaciones fiscales vigentes, generando inseguridad sobre los derechos de los ciudadanos”.
Concretamente, subraya la parlamentaria, “el Consejo Consultivo recoge que las nuevas categorías crean confusión fiscal y jurídica. Textualmente dice que suscita dudas sobre su aplicación en el terreno fiscal, como se deduce aquí de las alegaciones recibidas. Por ello recomienda que debería explicarse, es decir, que alguien debería aclarar quién tendrá derecho a las ayudas y a las bonificaciones, cosa que por supuesto el Gobierno no ha hecho”.
En definitiva, “el Gobierno ha aprobado un decreto fuera de plazo, sin cumplir la Ley; sin atender las recomendaciones técnicas de su propio órgano consultivo -incluso el dictamen recomienda cambiar el título del decreto al considerarlo insuficiente a la hora de describir el contenido de la norma y ni eso han estimado-; y tampoco han escuchado a los ayuntamientos ni, por supuesto, al Partido Popular de Asturias. Dicen ser el Gobierno del diálogo, pero no escuchan a nadie, ni siquiera a su propio órgano consultivo”.
Cristina Vega ha advertido que “el reto demográfico no se combate con titulares ni con marketing institucional. Se combate con seriedad, planificación, seguridad jurídica y respeto institucional. Recordemos al presidente Barbón, y a la vicepresidenta Llamedo cuando decían que esto era un asunto de estado. Pues qué pena ver cómo trata este Gobierno los asuntos de Estado”.
Por todo ello, “pedimos al Gobierno de Asturias que se ponga a trabajar. Seis años para aprobar una Ley que ahora incumplen mientras Asturias se queda sin vecinos en sus pueblos”.
