• El presidente del Partido Popular afirma que el PP pretende mejorar el texto con medidas para su concreción, que se asegure el cumplimiento de las iniciativas y con voluntad de acuerdo, a pesar del rechazo inicial del Gobierno a consensuar el proyecto
  • Califica el proyecto del Gobierno bipartito de “inocuo, vago y volátil, un plan disfrazado de ley”, y destaca las propuestas del PP en fiscalidad, inversión en los municipios que sufren la sangría demográfica y el Plan Retorna de emigrantes
  • El PP defiende que los planes estratégicos que desarrollen la ley sean de obligado cumplimiento y que se aprueben en la Junta General en un plazo de seis meses, que se incluyan a las cuencas mineras, sacar de la tributación sobre la renta los gastos básicos de alimentación, cuidados y educación y crear la figura de “concejo de baja conectividad”, para acceso prioritario a la mejora de infraestructuras
  • “La Asturias olvidada por el PSOE es un gravísimo problema que no debe dar lugar a batallas de partidos”, y recuerda que en Extremadura hubo en 2022 un acuerdo de PSOE y PP que incluía medidas fiscales

El Partido Popular ha presentado y defenderá un total de 117 enmiendas al proyecto de ley de Impulso Demográfico, según anunció hoy el presidente del PP, Álvaro Queipo, que destacó que estas propuestas “representan el proyecto del PP para Asturias”, con el objetivo de incorporar medidas que de verdad sean útiles y eficaces en la lucha contra el drama de la despoblación en Asturias, que sean de obligado cumplimiento y que supongan un cambio y un avance desde el primer día en la vida de los asturianos. “Lo que, lamentablemente, no ocurrirá si la ley se queda como la ha presentado el Ejecutivo”.

Álvaro Queipo, que analizó el contenido de las enmiendas junto a la diputada regional y portavoz de Reto Demográfico, Cristina Vega, afirmó que el proyecto del Gobierno bipartido es “inocuo, vago y volátil”, y resumió en tres grandes objetivos las propuestas del PP: concreción de las medidas, asegurar su cumplimiento y la voluntad de consenso.

En este sentido, el presidente popular señaló que las enmiendas se concentran en la mejora de la fiscalidad, la inversión en los concejos despoblados y el Plan Retorna de emigrantes.

Queipo señaló que el PP ha incluido enmiendas a todos los planes estratégicos de desarrollo de la ley, para que tengan carácter de norma y, por tanto, de obligado cumplimiento, con un plazo de seis meses para su aprobación en la Junta General y una revisión anual.

El presidente popular subrayó que la sangría demográfica “es un problema gravísimo que no debe caer en batallas partidistas”, por lo que pidió al PSOE “altura de miras para atender a la Asturias olvidada por los socialistas”,

Álvaro Queipo recordó que en 2002, cuando en Extremadura gobernaba el PSOE, se llegó a un acuerdo con el PP para una ley demográfica, que incluía medidas fiscales.

Por su parte, Cristina Vega calificó el proyecto del PSOE e IU de “buenista, técnicamente muy flojo, lleno de generalidades y sin una sola medida concreta; es solo una herramienta del Gobierno para dar una patada al balón hacia delante, un nuevo engaño socialista, que primero en la comisión especial de la Junta no quiso medidas concretas, porque se iban a introducir en la ley, y llegada la ley, ahora hablan de concreción en el reglamento que la desarrolle, para el que no se prevé ningún plazo”

Con las propuestas del PP se evitaría lo ocurrido con anteriores planes, como el demográfico, “que no ha conseguido ningún avance”, o el del Suroccidente, “que no se ha cumplido porque las principales obras están sin hacer, y no se van a hacer, y no ha dado fruto alguno; prueba de ello es que Cangas del Narcea es el municipio español que más población perdió en los últimos diez años”.

Los populares plantean también una disposición adicional primera para compensar la fuerte inflación acumulada en Asturias desde el inicio de la pandemia, que alcanza el 18,6 por ciento, y deflactar el mínimo personal y familiar del IRPF y los de discapacidad y por descendiente. De esta manera, se sacaría de la tributación sobre la renta los gastos básicos de alimentación, cuidados y educación.

Otra de las propuestas del PP es la inclusión en la ley de las cuencas mineras, que también han sufrido una fuerte pérdida de población, se tenga mucho más en cuenta a los jóvenes, así como acabar con la confusión sobre el objetivo de la ley, que debe ser revertir la declinante tendencia demográfica de la región, y no, como figura en el proyecto, la orientación al Principado. “Esta ley no se debe aprobar para ser la brújula de un Gobierno desnortado, ni pretender que perviva en el tiempo, porque una ley se puede modificar, o que se hable solo del medio y largo plazo cuando hay muchas medidas que se deben aplicar en el corto y plazo e incluso inmediatamente”.

También se han presentado enmiendas para incorporar a las antenas camerales al desarrollo de la ley, la revisión de la normativa en el plazo máximo de un año o para la corrección de errores, como cuando en el proyecto de habla de 857 parroquias rurales, cuando solo existen 39, se cite el organigrama del Gobierno, “cuando con Barbón podría cambiar incluso en el periodo de enmiendas”, o se da a entender que no hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el acceso a las infraestructuras.

En cuanto al apoyo a los Ayuntamientos, el PP plantea acabar con la desorbitada burocracia; contratación centralizada en cuantías superiores a 15.000 euros, y que sea más ágil; una oficina de fondos europeos y otra de proyectos; la movilidad de funcionarios entre ayuntamientos y Principado o la incorporación de pliegos que propicien la adquisición de productos de proximidad, para dar peso a las pymes.

Respecto a la fiscalidad, el PP pide un porcentaje mínimo de financiación anual y el incremento del Fondo de Compensación Interterritorial para hacer frente a las iniciativas de la ley, así como beneficios fiscales para atraer empresas e inversiones y la revisión de estas medidas anualmente para conocer su impacto y poder en su caso modificarlas.

El Partido Popular defenderá asimismo un amplio abanico de enmiendas para el medio rural. Impulso a las concentraciones parcelarias; ayudas a la rehabilitación y reforma de viviendas; respeto a las labores tradicionales, considerándolas de uso permitido y prioritario; difusión y puesta en valor del derecho consuetudinario asturiano; recuperación del patrimonio etnográfico y cultural; devolución de los montes vecinales a sus dueños; protección frente a la fauna salvaje y plagas, con prevención de daños y compensaciones ágiles; apoyo económico a la caza; recuperación de tierras y disponibilidad de pasto o transmisión gratuita de las tierras e intercambio entre propietarios, para reducir el minifundismo.

Queipo y Vega censuraron el “gran olvido” del proyecto a las familias numerosas, por lo que señalaron la necesidad de tener en cuenta el concepto de renta per cápita familiar para establecer ayudas y su inclusión como prioritarias en las prestaciones económicas y los servicios públicos, que sólo tienen las familias monoparentales.

También se pide la creación de equipos de especialistas para reducir los excesivos tiempos en el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, con un tiempo máximo de un mes para las valoraciones, y acabar con el olvido de la llamada economía plateada.

Para educación y transporte, el objetivo del PP es que ningún niño se quede sin transporte escolar, que se mantengan las rutas para los alumnos que, no estando ya en educación obligatoria, no tengan acceso a una línea ordinario de transporte público, y que haya ayudas al transporte en el medio rural para actividades extraescolares.

El PP pide asimismo ciclos de Formación Profesional ligados a la producción de las zonas rurales, y ayudas a los alumnos que viven en zonas urbanas y quieran cursar un ciclo formativo en la zona rural.

Respecto al Plan Retorna, se propone que se desarrolle en el plazo de seis meses, con la colaboración con los centros asturianos en el exterior, con una oficina de asesoramiento, una bolsa de oportunidades y un plan de ayudas.

Se plantea el impulso a la conectividad de internet y cobertura móvil, digitalización de empresas y asentamiento de nómadas digitales, en el apartado de Tecnologías, y en Infraestructuras, la creación de la figura de “concejo de baja conectividad”, que tendrá acceso prioritario a la mejora de las infraestructuras.