- El diputado regional Manuel Cifuentes señala que Barbón anunció su licitación para 2023 y critica que, cuatro años después, solo se haya licitado la redacción del proyecto
5 de octubre de 2026.- El diputado regional del Partido Popular, Manuel Cifuentes, denunció hoy, en Grado, el retraso del Gobierno de Asturias con el nuevo juzgado de Grado y señaló que “si miran alrededor de la parcela donde debería levantarse el nuevo juzgado de la villa, lo único que hay es un aparcamiento”.
Cifuentes recordó que “en septiembre de 2022, en el debate sobre el estado de la región, el presidente Barbón hizo uno de esos anuncios que tanto le gusta: en 2023 se licitaría el nuevo juzgado de la villa de Grado. Sin embargo, lo único que pasó ese 2023 fue que el Ayuntamiento aprobó ceder la parcela para ello, mientras el Gobierno asturiano no cumplió con su parte”.
El diputado popular explicó que el convenio de cesión no se firmó hasta junio de 2025, y que la licitación del proyecto no llegó hasta agosto de 2026, tres años después de la fecha comprometida por el presidente Adrián Barbón para licitar el nuevo juzgado.
En este contexto, Manuel Cifuentes señaló que “lo que se ha licitado no es el edificio, es un proyecto. El propio Gobierno sitúa el final de la obra en 2029. Siete años entre la promesa y la realidad, en el mejor de los casos. Para una sede que el Gobierno llama prioritaria, y para dos juzgados que siguen trabajando en un edificio que el propio Gobierno reconoce que no se puede adaptar a las nuevas necesidades”.
“Lo de las promesas de Barbón que no se cumplen no son descuidos, es un método. El presidente anuncia en la tribuna, pone fechas y cuando la fecha llega, no da explicaciones por sus incumplimientos”, censuró Cifuentes, quien añadió que “ni siquiera se eligió bien el sitio. El Partido Popular de Grado votó en contra de esta cesión en 2023 y advirtió de que había parcelas mejores”.
El diputado popular explicó que “esta parcela es un aparcamiento de camiones en el que se invirtieron más de 100.000 euros, y está en las afueras, como es lógico para un equipamiento de este tipo. Pero lo que es lógico para un aparcamiento de camiones no lo es para un juzgado”.
En este sentido, el parlamentario señaló que “ahora se va a perder el aparcamiento para construir un equipamiento de Justicia, en lugar de aprovechar edificios y solares degradados en el centro de Grado que serían mucho más apropiados, tanto para dar servicio a los ciudadanos y profesionales como para dinamizar y dar vida al centro de la villa. Con esa decisión, Grado perdió una buena oportunidad, y desde el PP lo advertimos en su momento”.
“Lo que pasa en Grado pasa en toda la Justicia asturiana. Las nuevas plazas judiciales que llegan en diciembre van a edificios que el propio Tribunal Superior describe como saturados. Y el Plan de Infraestructuras Judiciales del Gobierno estira sus plazos hasta 2037. Si lo que el presidente promete con fecha llega con tres años de retraso, ¿qué credibilidad tiene lo que se fija para dentro de una década?,” denunció.
Por eso, el portavoz de Justicia señaló que “exigimos al Gobierno de Barbón tres cosas: que explique por qué no cumplió lo que prometió para 2023; que en Grado no haya ni un día más de retraso; y que revise su Plan para que las obras más urgentes se hagan en los próximos cuatro años. Con fechas que se cumplan, no con promesas”.
“Los vecinos de Grado llevan tres años esperando lo que se anunció para 2023. La justicia asturiana no puede seguir viviendo de anuncios”, concluyó.
