- La diputada Pilar Fernández Pardo subraya que los profesionales sanitarios están haciendo su parte al comunicar cada vez más incidencias, mientras la Administración no estaría respondiendo con las medidas correctoras necesarias
3 de septiembre de 2026.- La diputada y portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Fernández Pardo, ha denunciado hoy un nuevo ejemplo de la mala gestión sanitaria del Gobierno de Adrián Barbón, en este caso relacionado con el funcionamiento del Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SINASP), una herramienta implantada precisamente para detectar incidentes, aprender de ellos y adoptar medidas que permitan mejorar la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria.
Fernández Pardo ha subrayado que los profesionales sanitarios “son quienes están contribuyendo activamente a mejorar el sistema mediante la notificación de las incidencias que mejoren la seguridad del paciente”. El problema, a su juicio, “aparece cuando esas comunicaciones llegan a la Administración y no reciben una respuesta adecuada, en ocasiones ni se llegan a abrir los expedientes y, por ende, no se traducen en las medidas de corrección necesarias”.
Los datos del último informe conocido reflejan 730 notificaciones en un año, con un incremento significativo respecto a ejercicios anteriores: 659 procedentes del ámbito hospitalario, 54 de Atención Primaria y 17 del sector sociosanitario. Este aumento, indica Fernández Pardo, “debe interpretarse fundamentalmente como una señal positiva de que existe una mayor cultura de seguridad entre los profesionales, y no como una prueba de que haya empeorado su trabajo”.
En este sentido, la portavoz popular ha destacado que “un aumento de las notificaciones no significa que nuestros hospitales sean menos seguros, significa que los profesionales del SESPA están notificando más, con mayor transparencia y con el objetivo de proteger al paciente”. A su juicio, “el sistema de seguridad funciona cuando quien detecta una incidencia se atreve a comunicarla para que se pueda aprender de ella y evitar que vuelva a suceder”.
Además, el propio informe refleja que más de la mitad de las situaciones notificadas fueron incidentes que no llegaron a causar daño al paciente o que pudieron ser interceptados a tiempo, lo que, según Fernández Pardo, “pone de manifiesto que la barrera humana de nuestros médicos, enfermeros y farmacéuticos funciona y que dichos profesionales están detectando y frenando riesgos antes de que tengan consecuencias. Ellos hacen lo que tienen que hacer, ¿qué está haciendo la Administración con toda esa información”.
Porque la portavoz de Sanidad popular considera especialmente preocupante que el aumento de las notificaciones no vaya acompañado de una respuesta administrativa ágil y eficaz. “El sistema informático recibe las alertas, pero la gestión administrativa posterior parece sufrir de amnesia con sus propios trabajadores”, ha señalado. De hecho, Fernández Pardo ha advertido de que el informe reconoce retrasos en los tiempos de apertura y cierre de los expedientes, una situación que considera especialmente grave cuando se trata de un sistema diseñado para aprender de los errores y prevenir daños futuros. “Un profesional se toma el tiempo de comunicar una incidencia para que el sistema aprenda y pueda evitarse en el futuro, y después se encuentra con un muro de silencio. No recibe retorno, no recibe información sobre qué se ha investigado ni sobre qué se ha mejorado”, ha explicado.
A juicio de la diputada, “esta lentitud burocrática transmite al profesional la sensación de que su aviso cae en saco roto y puede acabar desincentivando las notificaciones”. Y ha advertido: “un sistema de seguridad sin notificaciones se convierte en un sistema peligroso”.
Se trata, además, de un asunto que puede afectar directamente a la seguridad de los pacientes, puesto que una incidencia sanitaria puede tener consecuencias muy diferentes, desde un incremento de los días de hospitalización hasta un daño permanente o, en los casos más graves, consecuencias para la propia vida del paciente.
Doce años de sistema y las preguntas sin respuesta
El SINASP lleva doce años implantado en Asturias, por lo que la parlamentaria considera que el Gobierno del Principado “debería disponer de tiempo y experiencia suficientes para garantizar que esta herramienta funcione correctamente”.
Es por esto que la diputada “pedirá explicaciones a la consejera de Salud sobre quién está actualmente al frente de la gestión del sistema y quién es responsable de garantizar el seguimiento de las notificaciones, especialmente después de los cambios organizativos y de la reorganización de las áreas sanitarias”.
Así, el Grupo Popular, a través de Fernández Pardo, quiere conocer, entre otras cuestiones, “qué responsables existen actualmente en cada área sanitaria, cómo se distribuyen las funciones tras la reorganización sanitaria y qué seguimiento se realiza de las incidencias comunicadas por los profesionales”.
Fernández Pardo ha advertido de que Asturias presenta carencias en la gestión y explotación de los datos de seguridad del paciente respecto a los estándares del conjunto del Sistema Nacional de Salud, una situación que, a su juicio, debe ser corregida.
También reclama explicaciones sobre el funcionamiento de las notificaciones que permanecen sin abrir durante un determinado periodo de tiempo. Según la información disponible, “cuando una notificación no es abierta en 15 días se elimina la identificación del profesional que la realizó, lo que puede dificultar posteriormente el contacto con quien detectó la incidencia y, por tanto, limitar la capacidad de profundizar en lo ocurrido y adoptar las medidas correctoras oportunas”.
Es decir, ha apuntado, “si un profesional detecta un problema, lo comunica y la Administración no actúa, el sistema pierde precisamente su razón de ser. No basta con disponer de una herramienta informática: hay que analizar las incidencias, responder y corregir”.
Un problema más para la deteriorada sanidad asturiana
Para Pilar Fernández Pardo, este episodio se suma a un escenario más amplio de mala gestión de la sanidad asturiana, marcado por las listas de espera, las dificultades para garantizar una atención homogénea en todo el territorio y las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios sanitarios.
La popular ha recordado además las denuncias realizadas este verano sobre las diferencias territoriales existentes en el acceso a la atención sanitaria y lamenta que Asturias haya perdido la Agencia de Salud Pública, una decisión que considera otro ejemplo de la falta de una estrategia sanitaria de futuro.
Desde el PP de Asturias, “lo que exigimos es el cumplimiento de la Ley 7/2019 de Salud del Principado, que establece obligaciones en materia de calidad y seguridad del paciente, entre ellas la planificación y evaluación de estas políticas y la publicación de información e indicadores que permitan conocer sus resultados”.
Por ello, la diputada ya ha solicitado a la consejera de Salud el plan de calidad y seguridad del paciente, la memoria anual y los indicadores de seguridad y calidad correspondientes, así como información detallada sobre el funcionamiento y seguimiento del SINASP. “Después de doce años de funcionamiento del sistema, la Administración debe demostrar con datos que las notificaciones de los profesionales se analizan, que las incidencias se investigan y que se adoptan medidas concretas para evitar su repetición”, ha reclamado.
Ante esta situación, Fernández Pardo considera que el SESPA debe adoptar de forma urgente tres medidas. La primera es agilizar la gestión administrativa, reduciendo drásticamente los plazos de apertura, análisis, respuesta y cierre de las notificaciones y garantizando que el profesional que comunica una incidencia reciba el correspondiente retorno.
La segunda pasa por realizar auditorías de cultura de seguridad y homogeneizar los criterios entre todas las áreas sanitarias, analizando también las diferencias existentes entre centros y áreas en el número de notificaciones. “Que se notifique poco en un centro no significa necesariamente que sea más seguro; en ocasiones puede significar que existe más miedo a notificar”, ha advertido.
Y la tercera consiste en publicar un desglose más profundo de las actuaciones mediante las que los propios profesionales consiguen interceptar o evitar errores, de manera que las buenas prácticas puedan identificarse, compartirse y reproducirse en toda la red pública sanitaria asturiana.
Fernández Pardo ha señalado que estas medidas cobran todavía más relevancia a las puertas del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se conmemora el próximo 17 de septiembre. “No hay mejor manera de conmemorar ese día que garantizando que cada incidencia comunicada por un profesional sirve para aprender, corregir y proteger mejor al siguiente paciente”, ha afirmado.
“La seguridad del paciente no puede quedarse en una aplicación informática ni en una estadística anual. Detrás de cada incidencia hay una persona y una atención sanitaria que debe mejorar. Los profesionales están haciendo su parte; ahora le toca a la Administración hacer la suya”, ha concluido.
La portavoz de Sanidad ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones a la consejera de Salud, conocer el funcionamiento actual del SINASP, identificar las responsabilidades organizativas dentro del sistema sanitario, reclamar información sobre las medidas correctoras adoptadas a partir de las notificaciones realizadas por los profesionales y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de calidad y seguridad del paciente.
