● La diputada Beatriz Polledo reclama información sobre “quién conocía las circunstancias del inmueble, qué controles realizaron y quién va a asumir la responsabilidad política” y pide aclarar si “había aquí un negocio inmobiliario”
2 de septiembre de 2026.- La diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado Beatriz Polledo ha exigido al Gobierno de Adrián Barbón que salga “inmediatamente” a dar explicaciones sobre lo ocurrido con el piso de La Florida que el Principado llegó a plantear como recurso para acoger a menores tutelados y en el que ahora se han detectado posibles irregularidades y vínculos del propietario del inmueble con la Administración. “Que ahora hayan decidido trasladar toda la información a la Fiscalía no responde a las preguntas políticas que llevamos días planteando. La Fiscalía tendrá que determinar si existe algún tipo de responsabilidad jurídica, pero el Gobierno tiene que asumir y explicar su responsabilidad política y explicar si estamos ante un caso de corrupción”, ha señalado. “¿Había aquí un negocio inmobiliario? Adujeron problemas jurídicos y técnicos pero todo parece indicar que aquí hay un posible caso de corrupción”, ha cuestionado.
La diputada popular considera especialmente relevante conocer qué información manejaba el Gobierno antes de plantear el inmueble, quién tuvo conocimiento de las circunstancias que lo rodeaban y qué controles se realizaron. “Las dudas sobre este inmueble no aparecen ahora. Ya eran conocidas las circunstancias que rodeaban al piso y, especialmente, las informaciones sobre la posible existencia de vínculos familiares entre la propiedad y un responsable del área de Infancia de la Consejería de Derechos Sociales. Por eso queremos saber quién conocía esa circunstancia, cuándo la conoció y qué controles se realizaron antes de plantear ese inmueble para acoger a los menores”, ha reclamado.
Polledo recuerda que su Grupo Parlamentario registró en la Junta General una pregunta concreta respecto a este asunto en la que planteaba si “es cierto que el inmueble perteneciente a la sociedad García Villamil S.L. tenía algún tipo de parentesco entre sus titulares o responsables y algún funcionario de la propia Consejería”. Y “qué casualidad”, ahora, “conocemos el anuncio del Gobierno trasladando la información a la Fiscalía”.
La diputada considera que el Gobierno debe responder a preguntas muy concretas: ¿Quién tomó la decisión de plantear este inmueble? ¿Qué informes se solicitaron? ¿Quién dio el visto bueno? ¿Se analizó la posible existencia de un conflicto de intereses? ¿Por qué se llegó a plantear este piso si existían esas circunstancias? Y, sobre todo, ¿quién va a asumir la responsabilidad política por lo ocurrido?
La parlamentaria del PP ha advertido de que el Gobierno “no puede pretender construir ahora un relato para buscar un chivo expiatorio y hacer recaer toda la responsabilidad sobre un funcionario o sobre un procedimiento administrativo. Aquí hay una responsabilidad política que llega hasta quienes dirigen la Consejería y el Gobierno del Principado. Si hubo fallos en los controles, alguien tiene que explicar por qué fallaron. Y si los controles funcionaron correctamente, el Gobierno tiene que explicar qué controles se hicieron, quién los hizo y qué conclusiones se obtuvieron”, ha subrayado.
Polledo considera que “la Fiscalía no puede convertirse en una excusa para que Barbón deje de dar explicaciones y si existen dudas sobre la legalidad de lo ocurrido, la vía judicial y la responsabilidad política son cuestiones diferentes. Nos parece bien que, si existen dudas, se traslade la información a la Fiscalía. Lo que no vamos a aceptar es que la Fiscalía se convierta en una excusa para que Barbón deje de dar explicaciones. Son dos cuestiones distintas: la Fiscalía determinará las responsabilidades jurídicas que correspondan y el Gobierno tiene que rendir cuentas políticamente ante los asturianos y ante la Junta General”, ha afirmado.
Porque a su juicio, Barbón “no puede limitarse a decir que ha enviado el expediente a Fiscalía y pensar que con eso el asunto está resuelto. Es su forma habitual de echar balones fuera y no hacer frente a los problemas que ha creado este Gobierno. Hay preguntas muy concretas que tienen que ser respondidas”, ha añadido.
La diputada popular ha reclamado al Ejecutivo que, si realmente quiere actuar con “transparencia, rigor y colaboración”, lo demuestre haciendo públicos los informes, explicando el procedimiento seguido y dando todas las explicaciones necesarias.
“La transparencia no consiste en reaccionar cuando el problema ya ha salido a la luz. La transparencia consiste en hacer las cosas correctamente y explicar desde el principio quién decide, con qué criterios y con qué controles”, ha señalado.
El PP interpelará a la nueva consejera
Polledo ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular interpelará a la nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, para que dé explicaciones sobre todo lo ocurrido y ha recordado que el PP ya ha registrado varias preguntas relacionadas con el posible parentesco y las circunstancias que rodean al inmueble. “No estamos pidiendo que nadie sustituya a la Fiscalía. Estamos pidiendo que Barbón haga su trabajo como Gobierno”, ha insistido.
La diputada ha reclamado también que el Ejecutivo aclare si detrás de la elección del inmueble existió únicamente una decisión administrativa o si hubo algún tipo de interés o relación que debiera haber sido objeto de comprobación antes de tomar la decisión. “¿Había aquí un negocio inmobiliario? ¿Se evaluaron correctamente todas las circunstancias? ¿Existió algún posible conflicto de intereses? Son preguntas que el Gobierno tiene que responder y que no pueden quedar enterradas detrás de la remisión de un expediente a la Fiscalía”, ha apuntado.
Polledo ha pedido prudencia a la hora de establecer conclusiones jurídicas, pero eso no impide exigir responsabilidades políticas con lo que “el Gobierno esconderse detrás de un funcionario o buscar un chivo expiatorio”.
La cronología conocida públicamente y la propia evolución de los acontecimientos exigen explicaciones que aclaren cómo se llegó a plantear La Florida y por qué posteriormente se descartó. El 13 de agosto el Principado comienza a plantear distintas alternativas para alojar a menores tutelados y La Florida aparece entre las posibles ubicaciones. La entonces consejera Concepción Saavedra defiende la integración de los menores y la normalidad de la red de acogida. El 19 de agosto el Gobierno confirma la ubicación de La Florida y sostiene que el recurso acogería inicialmente a ocho menores desde septiembre, con posibilidad de alcanzar los 15, defendiendo que no plantearía problemas de convivencia. El 31 de agosto: la nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, anuncia que se descarta finalmente La Florida por “razones técnicas y jurídicas” y que se buscará otro emplazamiento.
“En apenas unas semanas hemos pasado de presentar La Florida como una ubicación adecuada, defender públicamente el proyecto y asegurar que no había problemas, a descartarla por razones técnicas y jurídicas. El Gobierno tiene que explicar qué ha cambiado, qué se sabía antes de tomar la decisión y quién tomó cada una de las decisiones”, ha concluido Polledo.
