- El diputado José Agustín Cuevas-Mons lamenta que el documento detalla cómo Asturias “suspende una vez más en una materia que es el primer problema de los españoles” y subraya que “no hay una sola de las principales áreas analizadas que esté funcionando como debería”
- El informe constata “graves deficiencias” y habla de registros poco fiables, falta de planificación y baja ejecución de los fondos
30 de julio de 2026.- El diputado del Partido Popular de Asturias José Agustín Cuervas-Mons ha calificado de “demoledor” el informe de fiscalización operativa y de cumplimiento de la promoción y gestión de la vivienda protegida en Asturias correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, aprobado por la Sindicatura de Cuentas del Principado y publicado ayer, 29 de julio.
“Estamos ante otro varapalo más al Gobierno de Barbón y a la Consejería responsable de vivienda. La valoración inicial es demoledora: durante los años 2023 y 2024 no hubo una política autonómica de vivienda propia, planificada y adaptada a las necesidades de los asturianos”, señala Cuervas-Mons.
El diputado popular subrayó que la propia Sindicatura concluye que las graves deficiencias de los registros autonómicos, tanto de demandantes como de oferta de vivienda protegida, impiden incluso cuantificar cuál era el desajuste real entre la necesidad de vivienda y la oferta disponible. “Es gravísimo que el Gobierno del Principado no pueda saber con fiabilidad cuántas personas necesitan una vivienda protegida ni cuántas viviendas protegidas hay realmente disponibles”, afirma.
El informe constata, además, que no existía un Plan Autonómico de Vivienda vigente para el periodo 2022-2025, ni objetivos operativos, indicadores de necesidad o mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación. La Sindicatura considera que las actuaciones desarrolladas fueron “fragmentadas y no operativas” por no estar integradas en una planificación estratégica estructurada.
“Esto demuestra que el Gobierno de Barbón no ha tenido, ni tiene, una verdadera política de vivienda. Ha ido sumándose a programas estatales y europeos, pero sin una estrategia propia para Asturias y, además, con graves problemas en la ejecución”, denuncia el diputado.
En este sentido, el informe señala que, aunque hubo esfuerzo inversor, este estuvo marcado por un bajo grado de ejecución y una planificación temporal poco equilibrada, lo que limitó su impacto. En el caso del programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes cofinanciado con fondos europeos, la Sindicatura advierte de una ejecución prácticamente nula a finales de 2024 y señala que, a 31 de diciembre de 2025, solo se había finalizado el 5,92% de las viviendas comprometidas, con una ejecución del gasto del 8,98%.
“Los fondos europeos para construir vivienda y mejorar la eficiencia energética tampoco se están aprovechando como deberían. Los datos de ejecución son demoledores y existe incluso un riesgo significativo de reintegros por incumplimiento de los hitos comprometidos”, añadió.
Cuervas-Mons incide especialmente en las deficiencias detectadas en los registros de vivienda. La Sindicatura concluye que el registro autonómico de demandantes presenta inconsistencias, falta de homogeneidad y ausencia de controles que no garantizan la fiabilidad de los datos. A ello se suma que Asturias no dispone de un registro integral, actualizado y sistematizado de viviendas protegidas, mientras que el parque público tampoco contaba con un inventario único y fiable.
“Si los registros no son fiables, el Gobierno no puede conocer la demanda real, no puede conocer la oferta real y, por tanto, no puede diseñar una política de vivienda seria. ¿Cómo puede el Principado decidir dónde construir, a quién ayudar o cómo ampliar el parque público si ni siquiera dispone de información fiable y consolidada?”, plantea el diputado popular.
También considera especialmente grave la conclusión de la Sindicatura sobre los procedimientos de adjudicación. El órgano fiscalizador advierte de “numerosas inconsistencias e inexactitudes” que han impedido garantizar la trazabilidad de los datos y que arrojan “dudas significativas” sobre su fiabilidad, hasta el punto de que la Sindicatura no puede emitir una conclusión sobre la conformidad a derecho de los procedimientos de adjudicación.
“Las deficiencias en los registros y en las adjudicaciones son graves y, según demuestra este informe, comprometen la transparencia y la capacidad de respuesta ante las necesidades sociales. No estamos hablando de una cuestión menor: estamos hablando de cómo se decide quién accede a una vivienda protegida”, afirmó Cuervas-Mons.
El diputado del PP destacó asimismo que la totalidad de las adjudicaciones de promoción pública realizadas durante el periodo fiscalizado se efectuaron mediante procedimientos excepcionales de emergencia y urgencia, en lugar del procedimiento ordinario, y que la Administración autonómica no realizó actividad inspectora sistemática para comprobar el correcto uso de las viviendas protegidas. “Cuando uno repasa las conclusiones de la Sindicatura, resulta difícil encontrar un área fundamental de la política de vivienda que esté funcionando correctamente: no hay planificación, los registros no son fiables, la oferta no está sistematizada, los fondos tienen una ejecución muy baja, hay problemas en las adjudicaciones y no existe una actividad inspectora adecuada”, resumió.
Cuervas-Mons recordó que el informe de la Sindicatura recomienda precisamente elaborar un Plan Autonómico de Vivienda con objetivos claros, indicadores de necesidad y mecanismos de seguimiento y evaluación; mejorar la transparencia en la selección de actuaciones financiadas con fondos europeos; reforzar el seguimiento de los proyectos y agilizar la tramitación de las ayudas. “Es decir, la propia Sindicatura está diciendo al Gobierno lo que tiene que hacer: planificar, medir, controlar, ejecutar y dar transparencia. Todo aquello que el Gobierno de Barbón no ha hecho adecuadamente durante el periodo fiscalizado”, señaló.
El diputado popular anunció que el Grupo Parlamentario Popular realizará un análisis detallado del informe y adelantó que en septiembre no se producirá todavía su debate en la Cámara, aunque “en su momento se solicitará la comparecencia del síndico y del consejero responsable para conocer de primera mano el alcance de unas conclusiones que consideramos extraordinariamente graves”.
“Este informe demuestra que Asturias suspende una vez más en una materia que es el primer problema de los españoles. El Gobierno de Barbón tiene que dejar de anunciar planes y empezar a ejecutar una política de vivienda seria, con datos fiables, objetivos claros, transparencia y resultados. Los asturianos no necesitan más propaganda: necesitan viviendas”, concluye Cuervas-Mons.
