- La diputada regional del PP Susana Fernández afirma en Avilés que la norma nacional y el borrador de la nueva ley autonómica fomentan el intervencionismo en el sector y perjudican a los propietarios, que quedan desprotegidos frente al “inquiokupa”
- Defiende derribar el “muro fiscal” para adquirir una vivienda, en el que los impuestos suponen el 25 por ciento del precio final
La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Vivienda, Susana Fernández, se mostró hoy en Avilés muy crítica con la ley estatal de Vivienda, a la que calificó como “intervencionista.”
A juicio de la parlamentaria popular, la ley de Vivienda permite que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia de urbanismo, declaren una zona tensionada siempre que se cumplan ciertos requisitos relacionados con el precio del alquiler o de las hipotecas en dicho territorio.
La diputada popular afirmó que “el Partido Popular no está de acuerdo con la declaración de zonas tensionadas. Además de ser un fracaso absoluto, estrangulan la oferta,” censuró, y añadió que “el control de precios ha provocado el rechazo unánime de las comunidades autónomas, incluso de aquellas gobernadas por el Partido Socialista, porque provoca la contracción de la oferta. Si intervienes el mercado, la oferta cae y los precios se disparan”. Susana Fernández señaló que la Declaración de Asturias desarrollada por el Partido Popular incluye, entre sus medidas, la derogación de la ley de Vivienda por fomentar el intervencionismo en el mercado. “Estamos ante una ley sectaria que ha machacado la oferta y ha provocado una subida desorbitada de los precios,” indicó Fernández.
“El consejero Ovidio Zapico sostiene que el mercado no se regula solo, y que, por ello, es necesario intervenirlo. Sin embargo, olvida que hay otras muchas medidas, que constituyendo formas de intervención y siendo beneficiosas, la Consejería no aplica, como por ejemplo: la agilización en la concesión de licencias de construcción; la promoción de viviendas sociales o viviendas protegidas a precios asequibles mediante la colaboración público- privada; incluso aquellas medidas indirectas en política fiscal de vivienda, que buscan influir en el mercado reduciendo impuestos, derribando ese “muro fiscal” en el que los impuestos representan hasta el 25% del precio final de la vivienda, facilitan el acceso de los jóvenes a préstamos o garantizan el pago en tiempo y forma de las ayudas. Incluso la liberación del suelo, esencial para la construcción, constituye una intervención indirecta que influye en el mercado,” subrayó.
La diputada destacó que “la Consejería de Vivienda pretende iniciar la declaración de zonas tensionadas, tal y como recoge el borrador de la nueva ley autonómica en los artículos 22 y 23. El consejero ha decidido empezar por los municipios en los que la materia de vivienda está en manos de Izquierda Unida, como es el caso de Avilés: Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y la Magdalena.”
Para llevar a cabo este proyecto, la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias ha encargado tres informes: el primero a la Universidad de Oviedo, el segundo a Runitek y el tercero al Serpa. El informe de la Universidad de Oviedo, que analizaba secciones censales en lugar de barrios, señala que, en la Carriona, la media del coste de la hipoteca más los gastos de suministros no solo supera el 30% sino que supera el 50% de los ingresos del núcleo familiar. Sin embargo, el informe de Runitek lo dejaba fuera de las zonas tensionadas. “Para el tercer informe que ha encargado la Consejería al Serpa queremos saber ¿cuál es el rigor con el que se va a elaborar? ¿de dónde van a sacar los datos para justificar esa declaración de zona tensionada o para limitar o topar los precios de alquiler en cada zona? También nos preguntamos si acudirán a Serpavi que es un estudio estatal o si por el contrario seguirán apoyándose en portales web inmobiliarios,” señaló Susana Fernández.
“Nuestra oposición a esta ley intervencionista no es un capricho, la Consejería de Vivienda ha optado por una medida que ya ha resultado fallida en comunidades autónomas donde se ha implementado, como Cataluña. Allí, esta medida lleva implementada 4 años, y se ha observado que la oferta de alquiler de viviendas habituales (el llamado alquiler permanente) ha disminuido, inclinándose hacia contratos más flexibles y menos regulados, como los alquileres de temporada y el arrendamiento de habitaciones. Estos contratos, al no estar sujetos a regulación, se rigen por el Código Civil, que ofrece mayor flexibilidad, lo que permite a los propietarios eludir las restricciones establecidas por la ley de vivienda y la ley de arrendamientos urbanos,” subrayó Susana Fernández, quien además añadió que “en el último año los contratos de temporada representan el 30% en Barcelona, el 15% en Madrid y el 13% en Málaga y Valencia. Entre 2019 y 2024, el alquiler permanente en Barcelona se ha reducido un 65%. Asturias registra también una caída significativa, hablamos de un 13%, solo superada por Vizcaya y Guipúzcoa, que tienen municipios tensionados.”
Para la parlamentaria popular, cada día se evidencia con más claridad “el fracaso de las políticas socialistas y comunistas en materia de vivienda”. En este sentido, la parlamentaria subrayó que “el intervencionismo del mercado y la desprotección de los propietarios frente al inquiokupa, han generado inseguridad jurídica, haciendo que cada vez se retiren más inmuebles del mercado del alquiler, dificultando el acceso a la vivienda para muchas familias.”
En esta misma línea, la diputada indicó que “la función social de la propiedad, entendida como el esfuerzo por avanzar hacia un derecho efectivo a la vivienda a todo coste y por encima del derecho a la propiedad, agrava aún más el problema de la vivienda en Asturias. Para dar solución al problema de la vivienda, se necesita menos sectarismo ideológico y más pragmatismo,” concluyó.
