La diputada regional del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, portavoz de Sanidad, denunció hoy en la Junta General que, al menos en 2021 y 2022, en el Hospital San Agustín de Avilés se realizaron contenciones mecánicas a pacientes menores con ingresos psiquiátricos en la zona pediátrica, “una práctica que está prohibida”.

      “Estas contenciones se prolongaban hasta por espacio de 12 horas, algo similar a la tortura”, destacó Fernández Pardo, que añadió que no se facilitaba información a los padres ni se requería su consentimiento, y tampoco se comunicaba al juez la contención.

      La diputada popular señaló que las enfermeras del propio servicio denunciaron los hechos, y recalcó que es necesario determinar las responsabilidades “porque se vulneraron derechos fundamentales de los menores”.

      A este respecto, afirmó que la primera responsable es la ahora consejera de Salud, Concepción Saavedra, que en aquel momento era la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

      Las afirmaciones de Fernández Pardo fueran corroboradas con el emotivo testimonio directo en la Comisión de Sanidad de la Junta General de la joven Nerea Peláez García, ingresada dos veces en pediatría del San Agustín en 2021 y 2022, cuando era menor de edad.

      Nerea relató que permanecía con contenciones mecánicas durante más de 10 horas porque no había nadie para quedarse con ella, a pesar de estar calmada y sin brote alguno de violencia. La joven señaló que estuvo ocho días sin poder salir de la habitación, y que siempre que sus padres dejaban el hospital avilesino le ponían las contenciones.

      Asimismo, afirmó que no recibió la visita de ningún psiquiatra ni de ningún psicólogo. “Han vulnerado mis derechos, y pido responsabilidades y una investigación si realmente interesa nuestra salud mental, porque el problema es el sistema si se tiene que atar a una menor por falta de personal”.

      Tras escuchar el testimonio de esta joven, solicitado por el Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, afirmó que se ha demostrado que el Gobierno de Barbón y su consejera de Salud “no han dicho la verdad, porque siempre negaron los hechos, y deben asumir su responsabilidad”.