● El diputado regional del PP Rafael Alonso señala que la normativa europea no obliga a repercutir el 100% de los costes, pero Sánchez y Barbón utilizan esta mentira para justificar una decisión política
● “El incremento de la tarifa a 80€/ tonelada en Asturias justificado por una planta aún inoperativa, demuestra la pésima gestión y el afán recaudatorio del Gobierno de Barbón”, critica el diputado popular
El diputado regional del PP y portavoz de Industria Rafael Alonso denunció hoy en la sede regional del PP asturiano, en Oviedo, junto al presidente del Comité de alcaldes, José Manuel Fernández “Chami” y a Rodrigo Pintueles, secretario del área de Medio Ambiente del PP de Asturias, concejal en Gijón del área de Medio Ambiente y presidente de Emulsa, que “la junta de Cogersa aprobó, con los votos en contra del Partido Popular, un aumento desproporcionado en la tarifa de la basura que eleva el coste por tonelada de la bolsa negra a 80 euros. Una decisión respaldada por el Gobierno socialista de Adrián Barbón, que supone un golpe para los ayuntamientos de la región y para los bolsillos de todos los asturianos”. Los populares califican este ‘basurazo’ como “una medida injusta y evitable que debe ser revertida por el Gobierno socialista. Los asturianos no tienen por qué cargar con el peso de la mala gestión de Sánchez y de Barbón”.
Los ayuntamientos tendrán la obligación de incrementar los impuestos de la recogida de basura, el denominado ‘basurazo’, pese a estar en contra de dicho incremento. Así lo han indicado esta mañana lo populares en una rueda de prensa en la que han querido aclarar que “este ‘basurazo’ se basa en una imposición injustificada derivada de la Ley 7/ 2022 de Residuos y Suelos Contaminados, promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Ribera”. Dicha imposición de los gobiernos socialistas hace que “los ayuntamientos estén obligados a repercutir el 100% del coste de la recogida, transporte y tratamiento de residuos a través de la tasa de basura, eliminando la posibilidad de asumir parte de los gastos desde sus presupuestos municipales”.
Desde el PP aclaran, critican además que desde filas socialistas hayan tratado de eludir su responsabilidad alegando este incremento a una imposición de la Directiva Europea 2018/851, que “ha quedado desacreditada tras una reciente respuesta del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea”. En este sentido, el diputado autonómico Rafael Alonso recordó que ya el propio vicepresidente de la CE apuntó que dicha normativa “permite flexibilidad en las medidas adoptadas por cada país”. “La decisión de Sánchez y Ribera no respondía a un mandato europeo, sino a una medida política destinada a trasladar el coste íntegro de la gestión de residuos a los ciudadanos”, señaló.
En el caso de Asturias el incremento de la tarifa a 80 €/tonelada resulta aún más difícil de justificar, ya que “dicho aumento, que según el Gobierno de Asturias responde a los costes de una planta de tratamiento de residuos que aún no está operativa, evidencia una pésima gestión y un afán recaudatorio que prioriza hacer caja sobre aliviar la carga fiscal de los ciudadanos”, apuntó Alonso. “El Gobierno de Barbón demuestra su falta de sensibilidad al destinar 8 millones de euros, de los casi 21 millones recaudados mediante el impuesto por depósito en vertedero a Cogersa y los ayuntamientos. Los restantes 13 millones se utilizan para otras finalidades, lo que refleja una gestión opaca e insensible y la creciente presión sobre los municipios y los vecinos,” subrayó.
El diputado popular recordó que “el Grupo Parlamentario Popular ya presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para derogar la obligatoriedad de aplicar la tasa al 100% y permitir a los ayuntamientos aliviar esta carga, pero fue rechazada por la mayoría que sostiene al Gobierno de Sánchez”. “El Gobierno de Barbón, en su fiel seguidismo de Sánchez, vuelve a cargar el peso de sus decisiones sobre los asturianos, asfixiando a los ayuntamientos y a las familias. En el Partido Popular seguimos defendiendo una gestión más responsable, que priorice los intereses de los ciudadanos y no utilice medidas fiscales desproporcionadas para cuadrar sus cuentas”, defendió.
Por su parte Rodrigo Pintueles, concejal en el Ayuntamiento de Gijón y secretario del área de Medio Ambiente del PP de Asturias, señaló que “necesitamos adaptarnos a las exigencias que marca la normativa europea de alcanzar un 50% de recogida separada. Esto no pasa solo por subir la tasa, sino porque la ciudadanía tenga a su disposición las herramientas y los medios necesarios para conseguir subir ese porcentaje y cumplir las obligaciones legales”.
Sin duda, “esto obliga a los ayuntamientos a impulsar a lo largo de este mandato nuevos planes municipales en materia de separación y reciclaje de residuos”, apuntó el también presidente de Emulsa. Dentro de dichos planes, Pintueles apuntó posibles medidas como mejorar la separación de residuos orgánicos con acciones específicas orientadas a grandes productores, hostelería y comercio, recogida puerta a puerta de cartón comercial y vidrio hostelero, impulsar campañas para la recogida de aparatos eléctricos, electrónicos y muebles tanto para reutilizar y como para reciclar, y recogidas específicas de restos de poda y siega, ropa usada y aceite vegetal doméstico.
Para la financiación de dichas medidas “que supondrán un importante impacto económico para los ayuntamientos”, Pintueles reivindicó “una nueva línea de subvenciones por parte del Principado con base de la totalidad de lo recaudado por el impuesto de depósito en vertedero”.
Por último, José Manuel Fernández “Chami”, presidente del Comité de alcaldes del Partido Popular de Asturias, lamentó que “lo único que han hecho es subir la tarifa a los asturianos sin ninguna otra medida de ayuda o apoyo a los ayuntamientos”. “Desconocemos cómo se va a organizar la recogida en las localidades más pequeñas, principalmente en las alas de Asturias”, apuntó tras denunciar que “se está exigiendo lo mismo a las ciudades que a los pueblos sin tener en cuenta las peculiaridades de estas pequeñas localidades, y pese a ello la subida se aplicará a todos los ciudadanos”.
