· El diputado del PP Javier Brea pide al Gobierno que “se deje de parches” y presente una “normativa clara y de consenso que se adapte a la realidad actual y atienda las reivindicaciones del sector”
· Javier Brea: “Si de verdad creemos en la caza como una actividad esencial y necesaria para el control de la fauna salvaje, es necesario un apoyo firme y decidido desde la Administración, un apoyo urgente a una actividad que agoniza económicamente. Pedimos al Gobierno de Barbón que solucione el problema de la caza en Asturias”
· Los populares también urgen actualizar el baremo de daños producidos por especies de la fauna silvestre cinegética y de protección especial a la agricultura y ganadería de Asturias, para “incluir las demandas reales” de cazadores, ganaderos y agricultores, y “evitar su actual indefensión”
El diputado del Grupo Parlamentario Popular portavoz de Agroganadería en la Junta General del Principado, Javier Brea, exige al Gobierno regional la elaboración de una nueva ley de caza para Asturias puesto que la actual, de 1989, está “obsoleta”, denuncia Bea; tras reunirse recientemente en el Parlamento asturiano junto al vicesecretario de organización del PP asturiano, José Manuel Rodríguez, con representantes de la Federación de Caza del Principado de Asturias y de la Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación de la Vida Silvestre y su Hábitat (FADOVISA).
El Gobierno del Principado ha iniciado los trámites para elaborar un nuevo reglamento al respecto, pero el diputado popular pide al Gobierno del Principado que “vaya un paso más allá, se deje de parches y presente una nueva ley”. “Una normativa clara y de consenso que se adapte a la realidad actual y atienda las reivindicaciones del sector”, añade Javier Brea.
“Si de verdad creemos en la caza como una actividad esencial y necesaria para el control de la fauna salvaje, es necesario un apoyo firme y decidido desde la Administración, un apoyo urgente a una actividad que agoniza económicamente. Pedimos al Gobierno de Barbón que se deje de parches y solucione el problema de la caza en Asturias”, reclama Brea. “Si ustedes tienen miedo a sus socios ideológicos, el PP está dispuesto a sentarse con ustedes para la modificación de la ley”, añade.
El diputado popular defiende la necesidad de apoyar urgentemente la caza en Asturias, una actividad con una drástica caída de licencias en los últimos años; con una elevada edad media de los cazadores, por encima de los 52 años; y con una continua disminución de los ingresos, agravada por la pandemia del Covid19, que ha dejado según un reciente informe de FADOVISA, una pérdida neta de más de 860.000 €.
Desde el PP defienden que la caza es una importante fuente de actividad económica y de empleo, que favorece a su vez la sostenibilidad del medio rural y la fijación de población en el medio rural. “La desaparición de la caza podría tener consecuencias catastróficas para la sostenibilidad de nuestro medio ambiente”, advierte Brea.
Baremos de daños
Los populares también urgen al Principado a actualizar el baremo de daños producidos por especies de la fauna silvestre cinegética y de protección especial a la agricultura y ganadería de Asturias, para “incluir las demandas reales del sector de cazadores y de los damnificados, es decir, ganaderos y agricultores”.
El Gobierno asturiano acaba de iniciar la revisión de dicho reglamento, que lleva sin actualizar desde el 2017, cuando supuestamente corresponde actualizarlo cada seis meses. En este sentido, el PP recuerda que en la legislatura anterior, en 2018, estuvo a punto de aprobarse un nuevo reglamento pero que finalmente quedó sin publicar y “se abandonó”.
“Es hora de tener un baremo de daños actual y consensuado, para evitar la actual indefensión de cazadores y damnificados, que son agricultores y ganaderos”, reclama Javier Brea, que reivindica la necesidad de “dar seguridad jurídica” a los cazadores y acabar con la actual “judicialización de los expedientes”.
Para eso, los populares instan al Gobierno a sentarse a hablar con todas las partes afectadas, es decir, cazadores y damnificados, y proponen que el proyecto de reglamento de daños del 2018 sirva como “documento base” para proceder a la revisión actual.
