La información recabada hasta la fecha por el Grupo Parlamentario Popular apuntan a que el director general de Vivienda, Fermín Bravo Lastra, el director general de Turismo, Julio Zapico, el ex director general de Innovación, Gonzalo Pescador, y hasta el ex consejero de  Industria y Empleo, Graciano Torre, se encuentran inmersos en procesos judiciales. Pero el gobierno regional se resiste a especificar en qué trámite se encuentra cada procedimiento y qué hechos los motivan. De ahí que el diputado regional José Agustín Cuervas-Mons pidiese más explicaciones al consejero de Presidencia en la Junta General del Principado. 

“Si formulamos esta pregunta en el Pleno es por la dificultad de conocer, a través de otros mecanismos, una respuesta clara sobre qué altos cargos de su gobierno tienen en la actualidad algún tipo de imputación o investigación penal en curso, y por qué posibles delitos”, expuso Cuervas-Mons. Se trata, remarcó el parlamentario popular, “de obtener una información clara, repito, clara”.

Cuervas-Mons ha solicitado datos al respecto en diversas ocasiones y de distintas maneras desde que, en el mes de mayo de 2016, el PP tuvo conocimiento de que había en curso procedimientos judiciales que afectaban a altos cargos del gobierno regional. Tarea “difícil, por no decir imposible”.

A finales del mes de marzo, señaló el diputado y vicepresidente segundo del Parlamento asturiano, los socialistas facilitaron una cuadrícula con siglas de los órganos judiciales y de los letrados asignados a las defensas por parte del Principado, pero sin especificar el trámite en el que se encuentra cada procedimiento ni los motivos. Salvo en el caso del director general de Vivienda,  donde se indica que está siendo investigado por presunta prevaricación en la adjudicación de una vivienda social.

La necesidad de regular los servicios jurídicos 

“Es preocupante”, aseveró Cuervas-Mons. “Primero, porque no son pocos los procedimientos penales que recaen en altos cargos del Principado, yo diría que son excesivos. Y, segundo, porque no nos han aclarado si esas defensas que lleva a cabo el Principado de sus altos cargos son compatibles con la defensa de los intereses de Asturias”, abundó.

En este sentido, el diputado del PP defendió “la necesidad de establecer una regulación por ley, nítida y transparente, no por decreto del gobierno,  sobre  el funcionamiento de los servicios jurídicos del Principado y la necesidad de que haya unas pautas de  actuación claras en este tipo de procedimientos”. Y apostilló: “Tenemos la sensación de que esa defensa se decide entre la jefa de los servicios Jurídicos y el Consejero de turno, y eso no es lo correcto”.

El parlamentario del PP, portavoz del Sector Público, aprovechó para recordar al gobierno de Javier Fernández, otros procesos judiciales en los que no intervienen los servicios jurídicos del Principado y, por tanto, no figuran en el listado facilitado por los socialistas. Y se refirió a las irregularidades detectadas en Sogepsa o el Gitpa;  al director gerente del Serida,  “pendiente de juicio, y al que ustedes defendieron a capa y espada”; a los sobrecostes de El Museo; o al “caso Marea”, uno de los “grandes escándalos” del PSOE asturiano, y que pone en cuestión la gestión de Vicente Álvarez Areces, “el ahora senador que tantas lecciones nos da desde Madrid”.