Hasta trece años han tenido que esperar algunas familias asturianas para poder completar un proceso de adopción. Lo que hace pensar que "la gestión del gobierno regional en esta materia está sobrepasada por la realidad", y de ahí que el Grupo Parlamentario Popular interpelase en la Junta General del Principado a la consejera de Servicios Sociales. "Qué planes tiene su consejería para mejorar los procesos de adopción y acogimiento en nuestra región", le preguntó el diputado Matías Rodríguez Feito a la socialista Pilar Varela, obteniendo por respuesta "excusas de malpagadora" y datos "que no coinciden con los que nos facilitó por escrito" a finales del año pasado.

"Busque soluciones", exigió Rodríguez Feito, al tiempo que calificada de "inaceptables" algunas de las situaciones que afrontan las familias asturianas en vías de adopción. Y puso el ejemplo de un matrimonio de Salinas, que lleva más de 30.000 euros de desembolso y 7 años de espera. O el de una mujer soltera de Oviedo al que la Consejería tardó un año en llamarla por primera vez y un año y medio en resolver su certificado de idoneidad, cuando la ley marca un plazo máximo de seis meses para dicho trámite. 

"Las familias insisten en que la Consejería es lenta en los trámites y no les asesora", reprochó Matías Rodríguez Feito, que también puso el acento en el hecho de que, a día de hoy, 355 menores se encuentren tutelados en instituciones públicas, en ocasiones, "en mal estado". Y apostilló en este sentido: "Queremos a los niños en familias, no en instituciones".

Los reglamentos de protección del menor, sin aprobar

El portavoz del PP en Bienestar Social considera "urgente" la actualización normativa en materia de adopciones y recordó que, de acuerdo con el Plan Integral de la Infancia del Principado de Asturias, deberían ser aprobados los reglamentos de la Ley de Protección del menor, el de Condiciones y Requisitos Higiénicos Sanitarios, el de la Comisión de Participación, el de Mediación Familiar, el Catálogo de Prestaciones para la protección del menor y el reglamento de Creación, Organización y Funcionamiento del Consejo Asesor y Consultivo de Infancia, Familias y Adolescencia. Hasta la fecha no ha sido aprobado ninguno de ellos. 

Rodríguez Feito se interesó por el caso de las tres familias asturianas que, después de pagar 7.000 euros, la entidad que gestionaba sus adopciones en Burundi y Etiopía se declaró en bancarrota. O el del menor que hace unos meses fue entregado a su madre biológica y separado de su familia de preadopción, tras un proceso muy criticado y que puso en entredicho a la Consejería que dirije Pilar Varela. "Ni siquiera realizan memorias anuales, de acuerdo al plan integral de la Infancia", le afeó el diputado popular.

Según los últimos datos facilitados, en 2016 se produjeron 46 adopciones y se incorporaron 102 niños a los centros de menores de la red del Principado. Pero, más allá de los datos, "nos interesa qué está pasando en su Consejería. ¿Qué pretende, que las familias abandonen? ¿Quién pierde con esta situación? Pues perdemos todos", aseveró Rodríguez Feito.