Desde que en el pasado mes de julio la Audiencia Nacional se hiciera cargo la estafa de iDental, "nada hemos vuelto a saber de las acciones del gobierno asturiano para aliviar la situación de las víctimas". De ahí que el Grupo Parlamentario Popular, a través de su diputado regional y portavoz en Sanidad, Carlos Suárez, aprovechase el inicio de la actividad parlamentaria para pedir explicaciones. 

"No conocemos acción ninguna del gobierno en favor de estas personas. Y de lo que poco que sabemos, no ha servido más que para confundir a los afectados y complicar su situación", lamentó Carlos Suárez. Es más, mientras que en otras comunidades se han puesto los historiales a disposición de los afectados, en Asturias "se les contestaba con: no sabemos, lo estamos intentando, los juzgados están de vacaciones...Irrisorio"

El acceso a los historiales, que acabó teniendo que solventar la Audiencia Nacional, abre la vía a la peritación "oficial" de los casos. Y, aquí, "el gobierno tiene un amplio campo de actuación", expuso el parlamentario popular, "como determinar cuántos afectados hay en la región, en qué grado, en qué cuantía se puede evaluar sus daños o bien la falta de diligencia en el tratamiento".

Según quiso aclarar Suárez, "los afectados lo han sido por la  acción de unos, iDental, y por la omisión de otros, Consejería de Sanidad, Agencia de Sanidad Medioambiental y Consumo. Sin mencionar la falta de diligencia tanto de la Administración asturiana, en general, como del Ayuntamiento de Gijón, en particular". Y añadió: "¿Qué ha hecho y qué estaba haciendo la Agencia de Sanidad Medioambiental y Consumo mientras estos hechos ocurrían y se denunciaban? ¿A cuánto ascenderá la responsabilidad civil subsidiaria por la negligencia de la esta agencia que recibió las quejas y denuncias y nada hizo? ¿Qué se ha hecho para la mediación con los agentes financieros y los afectados que ven como todo está parado y ellos tienen que seguir pagando un tratamiento no hecho o un mal tratamiento?".

Ante esta situación, el Partido Popular exige "una acción coordinada del gobierno" en tres frentes: la defensa de los derechos de los afectados; la mediación con el Colegio de Odontólogos para facilitar una peritación oficial; y la mediación con las financieras para lograr un buen acuerdo para todos los afectados. En definitiva, "exigimos una acción clara y lo que cualquier gobierno haría una vez que han ocurrido unos hechos que, si bien no son por su acción directa, sí lo son por una clara omisión del deber", concluyó Carlos Suárez.