El ERA, el organismo que gestiona la red pública de Establecimientos Residenciales de Ancianos, "es sobre el papel un instrumento de atención de primera magnitud". En la práctica, sin embargo, se ha convertido, en palabras del portavoz de Bienestar Social del PP, Matías Rodríguez Feito, en "un verdadero problema social para el PSOE y su muleta y socio, Izquierda Unida". 

Es una de las conclusiones que Rodríguez Feito extrae del "demoledor" informe emitido por la Sindicatura de Cuentas respecto a la situación del ERA en el período 2004-2015. Un período marcado por las irregularidades, que pone al descubierto, según el parlamentario popular, "el oscurantismo de la gestión socialista", además de "su ineficiencia e ineptitud".

"Las ilegalidades que asoman son innumerables: cuentas que no expresan la realidad financiera del ERA y que no resultan conformes a la normativa aplicable a fondos públicos; disparidad de versiones en la información remitida desde la Consejería; conciertos con errores jurídicos y sin estimaciones de precios; no se respetan los contratos de hospedaje; existe fraccionamiento de contratos; no se tienen en cuenta los informes del interventor", expuso en el Pleno de la Junta General. 

A eso hay que añadir el hecho de que tanto el ERA como la Consejería de Servicios Sociales, de la que depende, "han puesto todas las dificultades" para que la Sindicatura de Cuentas lleve a cabo este auditoría. "Fíjate el desastre que ha aparecido y la información facilitada ha sido mínima", señaló el portavoz del PP en Ruta Social. La consejera no tuvo respuesta.

Rodríguez Feito prosiguió: "Debemos depurar responsabilidades y descubrir la realidad de lo que sucedió y sucede en las residencias públicas, porque los socialistas más pronto que tarde acabarán con el ERA". De ahí que el Grupo Parlamentario Popular inste a la consejera Pilar Varela y a la responsable del organismo público que tutela las residencias de mayores del Principado a dar explicaciones de "forma inmediata y urgente" sobre lo que Matías Rodríguez Feito considera "una auténtica inmoralidad".  "Si no lo hacen de forma voluntaria, habrá que obligarlas a que vengan a sede parlamentaria a explicarse", apostilló.

Una investigación más que necesaria

El informe de la Sindicatura trascendía públicamente poco después de que el Partido Popular promoviese una comisión de investigación en la Junta General del Principado para clarificar las dudas existentes sobre la gestión del ERA. Rodríguez Feito sseñaló que "pocos éramos los que defendíamos esta comisión, pero ahora vemos que es más que justificada y es más que necesaria no sólo su constitución, sino la remisión de este informe a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas". 

Se sabe que entre  2004 y 2015, se practicaron 9.639 liquidaciones en el ERA, que suman 191 millones de euros. De ellas, 1.463 pagadas; 1.929 prescritas; 1.515 reclamadas por la vía ejecutiva; 2.577, pendientes de reclamar; y 1.697 pendientes de notificar. También que en 2015 se dieron de baja 1.064 expedientes. La Sindicatura pidió una muestra de 40 expedientes, pero el ERA no aportó toda la documentación. 

Lo mismo ocurrió con los expdientes prescritos. De un total de 1.929, la Sindicatura requirió 146. Sólo 13 fueron liquidados y notificados correctamente.  El resto o no se entregaron o se entregaron de forma incorrecta. "Es una vergüenza. A las izquierdas asturianas, que tienen en lo social uno de sus pilares políticos, se les acaba de caer el castillo de naipes. Gestión irregular, planificación indebida, plantilla insuficiente...Lo que han hecho con el ERA es inadmisible". 

A juzgar por la auditoría de la Sindicatura, "las familias y el Partido Popular teníamos razón estos años al poner el grito en el cielo con lo que pasaba en las residencias de nuestros mayores". Lo que ya pasa de castaño oscuro, según Matías Rodríguez Feito, es que "ante este escándalo, todavía nadie del gobierno regional haya dado explicaciones". El ERA lo conforman 33 centros, 5.337 plazas residenciales y una plantilla de 1.500 empleados públicos, y su presupuesto es de 122 millones de euros.