El PP desvela un informe de la Abogacía del Estado del 2016 y una sentencia del Tribunal Supremo que permiten al Gobierno central, en caso de “urgencia” o “interés general”, hacer el pago de los anticipos pendientes a las Comunidades Autónomas “Barbón admite el problema pero ha sido incapaz de pedir a Sánchez que pague, pone los intereses de su partido por encima de los intereses de los asturianos”, lamenta la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Teresa Mallada. Mallada pide asimismo a Barbón que inste al Gobierno de España a “promover” la reunión entre el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Teresa Mallada, reclama al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que “deje de lamentarse” y “pida a Sánchez que pague” los anticipos pendientes a Asturias dada la “urgencia” de la situación. Los fondos pendientes de abonar a Asturias por parte del Gobierno central ascienden a casi 200 millones, en torno a 125 de los anticipos pendientes y en torno a 72 de liquidación del IVA del 2017.

Tras las declaraciones realizadas este fin de semana por el presidente del Principado, Adrián Barbón, Mallada lamenta que “Barbón ha sido incapaz de pedir a Sánchez que pague, pese a que admite el problema, pone los intereses de su partido por encima de los intereses de los asturianos”.

El Grupo Parlamentario Popular desvela además un informe de la Abogacía del Estado del 2016 y una sentencia del Tribunal Supremo que permiten al Gobierno central, en caso de “urgencia” o “interés general”, hacer el pago de los anticipos pendientes a las Comunidades Autónomas. El informe de la Abogacía del Estado del 2016 permite en base al artículo 21 de la Ley 50/27 la adopción de medidas que excedan del despacho ordinario de los asuntos, como puede ser el caso del pago de los anticipos pendientes a las Comunidades Autónomas, aún con un Gobierno en funciones “cuando concurran situaciones de urgencia” o “de interés general”.

En este informe se faculta asimismo al Gobierno para que pueda convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y adoptar decisiones en su seno cuando concurran bien una situación de “urgencia” o bien razones de “interés general” que lo justifiquen.

Asimismo, existe una sentencia del Tribunal Supremo del 27 de febrero del 2018 que, recogiendo la doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, parte de una idea clara: “El Gobierno cesante debe seguir gobernando hasta que sea sustituido efectivamente por el nuevo. La Constitución es tajante, ordena al Gobierno que continúe ejerciendo sus funciones tras su cese”. En este sentido, y partiendo de ese concepto, esta sentencia permite por tanto al Gobierno en funciones dictar real decretos leyes tanto para cuestiones ordinarias como para casos en que una necesidad urgente o por razones de interés general lo precisen.

Reunión entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas 

Dado que el informe de la Abogacía del Estado faculta al Gobierno para que pueda convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y adoptar decisiones en su seno, la portavoz popular Teresa Mallada pide asimismo a Barbón que inste al Gobierno de España a “promover” la reunión entre el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas, cuya celebración está pendiente de decidirse mañana en el Senado a propuesta del PP.

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Teresa Mallada sobre reclamación transferencia pendiente
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