· El PP llevará una PNL a la Junta y mociones a los ayuntamientos para frenar “este atropello a las libertades y derechos constitucionales”: “El PSOE se sitúa fuera de la Constitución” · La presidenta del PP en Asturias censura que esta Ley “da alas a nacionalistas e independentistas” y pretende “adoctrinar, mermar la calidad educativa, liquidar el castellano, la educación especial y la concertada” · 32.000 alumnos en Asturias acuden a la red concertada

La presidenta del Partido Popular de Asturias, Teresa Mallada, ha anunciado hoy el registro de varias iniciativas por parte del PP en la Junta General del Principado de Asturias y en los ayuntamientos para frenar la Ley Celaá. “Una ley radical que pone en riesgo libertades y derechos constitucionales”, ha denunciado la líder popular esta mañana en rueda de prensa en la sede regional de los populares en Asturias, en Oviedo. “Con esta Ley el PSOE se sitúa fuera de la Constitución”, ha censurado.

Mallada ha asegurado estar “escandalizada” ante este proyecto de reforma educativa que PSOE y Podemos están tramitando en el Congreso, y que este Gobierno “está utilizando como moneda de cambio para pagar favores a sus socios, nacionalistas e independentistas”.  

“Es una ley radical, que cede al chantaje de nacionalistas e independentistas, a los que da alas, y a cambio vulnera libertades y derechos constitucionales para adoctrinar; liquidar la educación concertada, la educación especial, el castellano; mermar la calidad de la educación, y acabar con la libertad de elección de las familias. Resulta absolutamente inadmisible”, ha censurado Mallada acompañada de Reyes Fernández Hurlé, secretaria de Educación del PP y diputada regional, y de Gloria García, diputada del PP en la Junta responsable de Educación, después de que ayer saliera adelante en la Comisión de Educación del Congreso el dictamen de esta Ley.

Para frenar “este atropello”, Mallada ha anunciado que el PP en Asturias ya ha registrado en el Parlamento asturiano una Proposición No de Ley (PNL) así como mociones en los ayuntamientos, para desde estas instituciones “instar al Gobierno de España a que retire este proyecto de reforma educativa y abra un proceso de diálogo con la comunidad educativa, los agentes sociales y las fuerzas políticas que posibilite la consecución de un pacto de Estado por la Educación”.

Asimismo, los populares impulsarán desde Asturias a través de Nuevas Generaciones la recogida de firmas que ya se está llevando a cabo a nivel nacional por la plataforma “MasPlurales”. “Esta Ley, mediocre y sectaria, compromete el futuro de Asturias porque ese futuro depende del nivel educativos de nuestros jóvenes”, ha advertido la líder del PP.

Así las cosas, desde el PP consideran imprescindible parar esta Ley que, explican, supone una “amenaza para las libertas y derechos constitucionales” desde varios aspectos.

Por un lado, elimina el distrito único de matriculación escolar, por lo que desaparece el derecho de las familias a elegir el centro el que desean que estudien sus hijos.

Asimismo, al no incluir el criterio “demanda social” a la hora de organizar las plazas de los colegios concertados, solo fija que se garantizará la oferta suficiente de plazas públicas, “da la puntilla a la educación concertada”, denuncia Mallada, que recuerda que en Asturias hay 32.000 alumnos repartidos por 63 centros educativos de la red concertada. 

Impone, por otro lado, la desaparición de los colegios de educación especial en un plazo de diez años, atentando de nuevo contra la libertad de elección de escolarización de las familias tanto en centros ordinarios como de educación especial, aseguran desde el PP.

También elimina el castellano como lengua vehicular, “pagando la hipoteca al radicalismo catalán”, cuando la Constitución recoge la oficialidad del castellano como lengua de todo el territorio y establece que los ciudadanos "tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".

Elimina el requisito de oposición para el acceso a la inspección educativa, sustituyéndolo por “valoración”, en “un intento de implantar el comisariado político en los centros”, a la vez que incumple la Ley Básica del Empleado Público y el Estatuto Básico de la Función Pública, resaltan los populares.

Ataca de nuevo la enseñanza de la Religión y deja en el aire a todo el profesorado.

También sepulta el valor del esfuerzo, ya que el número de suspensos no va a influir para pasar de curso. Y arrincona la educación diferenciada, al  eliminar las subvenciones a los centros concertados que imparten esta opción educativa.

“Desde el PP defendemos el derecho de las familias a elegir en libertad el tipo de educación que quieren para sus hijos y, por eso, entre otras cosas, en nuestras iniciativas en las instituciones queremos garantizar la educación concertada, la educación especial o el uso del castellano”, ha asegurado Mallada.

 

 

Sin consenso y sin abordar las preocupaciones reales

La presidenta del PP censura asimismo las formas, ya que afirma que esta Ley se ha hecho en unas ponencias a puerta cerrada, sin medios de comunicación y sin que pudiesen participar expertos para hacer aportaciones. “No es una ley consensuada, es la ley del oscurantismo y la imposición”, ha criticado Teresa Mallada.

“Lo normal es que la comunidad educativa participe en la elaboración de esta Ley. Con el PP en el Gobierno, las leyes educativas han sido debatidas”, recuerda.

Esta Ley además no aborda en cambio ninguno de los desafíos de la educación del siglo XXI, como pueden ser el abandono educativo temprano, o la digitalización, que no se tratan en esta reforma. “Eso no le interesa al PSOE”, critica el PP.