El pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género es, en palabras de la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Susana López Ares, diputada por Asturias, “un logro de la sociedad”. Y la ausencia final de Podemos, que a última hora optó por abstenerse en la votación celebrada en la Cámara Baja, una muestra más de que, mientras el PP busca “soluciones” para los españoles, en el partido de Pablo Iglesias “prefieren vivir de los problemas”, porque “creen que es ahí donde pueden sacar réditos políticos”.

En rueda de prensa López Ares repasó junto a la portavoz de Mujer del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado, Marifé Gómez, las políticas desarrolladas a favor de la igualdad y la lucha contra la violencia de género desde la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy. El pacto de Estado firmado la semana pasada es “el resultado del trabajo leal, el diálogo y el acuerdo, el broche de oro a nueve meses de trabajo".

Un largo trabajo previo en el que, como la diputada nacional del PP precisó a preguntas de los periodistas, “se han incorporado elementos que en Podemos consideraban fundamentales”, para luego acabar absteniéndose. "Deberán ser ellos quienes expliquen por qué lo hacen, a sus militantes y a las víctimas”, aseveró.

Mil millones en cinco años y 213 medidas concretas

Tras las comparecencias de 65 expertos “propuestos por todos los partidos, y que representan a todos los que trabajan en este ámbito”, el pacto tomó forma en más de 213 medidas divididas en diez bloques. Para llevarlas a cabo se ha comprometido, a lo largo de 5 años, un Presupuesto que asciende a la nada desdeñable cifra de 1.000 millones de euros. En cada anualidad 80 millones serán para la Administración General de Estado, 20 para las entidades locales y 100 para las comunidades autónomas. Las necesidades específicas se debatirán en comisión. Por ejemplo, para colaborar, en Asturias, en la asistencia letrada a las víctimas.

El acuerdo es así “una muestra del compromiso de toda la sociedad y las administraciones. Compromiso y trabajo conjunto. Hay un calendario, un presupuesto y una comisión de seguimiento para vigilar la consecución de los objetivos, por lo que se trata de un pacto real", sentenció.

Entre las medidas aprobadas la parlamentaria en el Congreso destacó la unión de la “prevención y la educación”, así como la sensibilización y una mejora en la coordinación de las administraciones para dar asistencia a las víctimas. También a los menores, “anteponiendo sus derechos por encima de los del maltratador, que no puede tener cabida en nuestra sociedad”.

“Gracias a estos planes España es pionera, en una sociedad en la que los maltratadores no pueden tener cabida”, finalizó Marifé Gómez.