El consejero Graciano Torre admite que el anterior director de la sociedad adjudicó a su hijo, al menos, 75.000 euros en obra pública entre 2007 y 2011, cuando ese ente dependía del departamento de Ana Rosa Migoya

La pregunta formulada en el Parlamento regional por el diputado del Partido Popular José Agustín Cuervas-Mons ha forzado a la Consejería de Economía y Empleo del Principado a abrir una investigación para aclarar las adjudicaciones de contratos entre 2007 y 2011 del ex director de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones (GIPTA) a una sociedad de Madrid de la que su hijo era administrador único y socio al cincuenta por ciento.  El consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, informó ayer en el Pleno, a preguntas de Cuervas-Mons, que ha dado orden de investigar «una factura detrás de otra» de GIPTA, empresa en la que, según ha asegurado, se han encontrado ya algunas «dudosas». En el periodo investigado, esa sociedad dependía de Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas. 

Torre, que reconoció que se enteró de este asunto por la prensa, dijo que se pretende aclarar «si ha habido alguna aberración» en la gestión de la empresa y que ya ha pedido al servicio jurídico de la Administración regional que actúe ante la denuncia presentada ante el Grupo de Delincuencia Económica de Gijón por la posible existencia de facturas de contratos falsos o dudosos en GIPTA. El titular de Economía adujo que no le consta que se haya presentado alguna denuncia en la Consejería.  En respuesta a la pregunta del diputado popular, Torre ha afirmado que desconoce si GIPTA ha podido facturar hasta 900.000 euros con una empresa con sede en Pozuelo de Alarcón supuestamente creada por el hijo del anterior director.

Lo que sí ha aparecido es una factura con otra empresa madrileña, Twisterwill, que no tiene su sede en Pozuelo de Alarcón de la que es propietario al 50% el hijo de Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, que dirigió GIPTA entre 2007 y 2012. La factura «sobre la que hay dudas» asciende a 75.000 euros, dijo Torre, que añadió que no va a acusar a nadie mientras no tenga certeza de que ha habido algún pago indebido. El consejero aclaró también que hay otra factura con otra empresa en la que posiblemente trabajó el hijo de Rodríguez Bañuelos durante unos meses, pero de la que no es propietario.

"He dado orden de investigar una factura detrás de otra para que no exista duda alguna», argumentó Torre, que señaló que se ha pedido también al actual director de GIPTA «detalles de todo lo que hay en relación a estas posibles facturas y que siga buscando». Previamente, Cuervas-Mons había destacado que en este caso había aparecido una empresa craeda por el directivo de GIPTA y su hijo, que había trabajado para la Dirección General de Modernización, en la etapa de Alberto Pérez Cueto. El parlamentario popular apuntó que el entonces director general de Modernización era el jefe directo de la funcionaria Marta Renedo, una de las principales imputadas en el 'caso Marea'.

GITPA manejó en 2011 un presupuesto superior a los 8 millones de euros y tenía, entre otros cometidos, el cableado de la red Asturcón por toda la geografía regional y la implantación de la televisión digital terrestre TDT. Precisamente, esta empresa es una de las que se pretende suprimir en la reordenación del sector público autonómico. "No convendría liquidar esta sociedad sin que se despejen todas las sombras de dudas", pidió el diputado Cuervas-Mons.