La diputada Emma Ramos pide al Principado que se implique y apoye los intereses de la región en Bruselas, "al igual que están haciendo otras comunidades y el Gobierno de España, con el ministro de Industria a la cabeza"

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General, y portavoz de Industria, Emma Ramos, exige al presidente del Principado, Javier Fernández, que "interceda" en Bruselas ante el Vicepresidente y Comisario de Competencia de la Comisión Europea, el socialista Joaquín Almunia, para "defender al sector naval y dar una solución satisfactoria a los astilleros asturianos", afectados por las ayudas del "tax lease", que Europa exige devolver y que, a nivel nacional, suman más de 2.000 millones de euros.

Para ello, el Partido Popular ha registrado dos iniciativas -una pregunta y una proposición no de ley- para pedir al jefe del Ejecutivo regional que se "implique" en esta negociación. Emma Ramos ha defendido la urgencia de las mismas porque las dificultades del sector naval se están viendo agudizadas en los últimos días por los acontecimientos que se suscitan en relación con el llamado 'tax lease,' que pueden conducir a la pérdida de competencia de los astilleros asturianos en favor de otros extracomunitarios.

El "tax lease" es una operación triangular que consigue reducir ampliamente los impuestos a pagar por las empresas que realizan este tipo de operaciones de arrendamiento financiero, básicamente, actuaciones que se apoyan en los leasing de naves y buques con determinadas particularidades. El" tax lease" se formaliza como vía de financiación para la adquisición de naves en empresas armadoras fundamentalmente. Para que se pueda llevar a cabo un "tax lease", se opta por la financiación mediante leasing del proceso de construcción del buque pero interviniendo varias fórmulas jurídicas. Las autoridades comunitarias suspendieron estas bonificaciones fiscales, de las que España se benefició desde 2002, en el año 2011, a consecuencia de una denuncia presentada por Holanda. Desde entonces, la Comisión Europea  plantea la necesidad de que las empresas devuelvan esas ayudas. 

De los astilleros privados españoles dependen, a nivel nacional, unos 86.700 empleos directos, "y en Asturias unos 2.000, entre directos e indirectos, según cifras aproximadas del sector", apunta Ramos. "El Gobierno regional debe defender que no procede la devolución de las ayudas del anterior régimen fiscal", afirma la diputada, "porque si eso ocurriera, el cierre de los astilleros asturianos y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo serían una realidad".

La parlamentaria popular recomienda "firmeza" a Fernández en la negociación con el Comisario, ya que Almunia "tiene todos los argumentos jurídicos necesarios para desbloquear la situación". "Cada día que pasa es un contrato menos para nuestros astilleros, Armón y Gondán", aseveró. El presidente del Principado, añadió Ramos, "debe defender los intereses de Asturias en Bruselas, al igual que están haciendo otras comunidades y el Gobierno del Partido Popular, con el ministro de Industria a la cabeza".