El Grupo Parlamentario Popular exige al Gobierno socialista del Principado "explicaciones urgentes" sobre los contratos firmados, por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, con la empresa Aralia, propiedad de José Luis Ulibarri e investigada por la Udef y el Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales dentro de la operación Enredadera.

Se trata de dos adjudicaciones. La primera, un contrato de casi 200.000 euros para el servicio de intervención técnica especializada con menores alojados en centros y sus familias. La segunda, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Aralia y La Productora, investigada por el “caso Marea”, por un montante total de 1,2 millones de euros.

"Lo hemos encontrado dentro del oscurantismo, de la opacidad que caracteriza la gestión del PSOE en nuestra región", sentencia el diputado del PP Matías Rodríguez Feito, portavoz popular y vicesecretario de Políticas Sociales del PP de Asturias.

"El PSOE, en aras de la máxima transparencia, debe dar explicaciones cuanto antes. Exigimos, por ejemplo, a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, explicaciones sobre esta adjudicación y sobre cualquier otra que se haya materializado con estas empresas, caso de existir más", apunta el parlamentario. "Una información que también vamos a solicitar por escrito al Consejo de Gobierno socialista de Asturias", añade, "porque de estas primeras informaciones parece que están enredados en un papatal".

Reclama los expedientes

En opinión de Rodríguez Feito, es "realmente alarmante que se hayan adjudicando contratos a empresas supuestamente implicadas en tramas de corrupción que salpican a 8 comunidades, entre ellas Asturias". 

El Grupo Parlamentario Popular va a socilitar todos los documentos relacionados con estas adjudicaciones y los distintos expedientes en que estas empresas hayan estado inmersas, tanto en la Consejería de Servicios y Derechos Sociales como en el resto de Consejerías del Gobierno socialista.

"Toda esta situación nos genera dudas, incertidumbre, desconfianza, y una cierta confusión, ya que el área de trabajo de alguna de estas empresas nada tiene que ver con el objetivo de la adjudicación de la que son objeto en estos contratos", añade el diputado del PP. 

"Entendemos que la Administración regional no puede, ni debe optar por seguir contratando con una empresa que ha quedado en entredicho tras su demostrado contacto con una estructura corrupta que ejerció durante años, en la que hay implicados altos cargos institucionales", finaliza Rodríguez Feito.