· La diputada popular Reyes Fernández Hurlé urge al Principado a actuar con celeridad y hacer test rápidos de coronavirus a todos los trabajadores de residencias de mayores en Asturias · El PP pide aclaraciones sobre el supuesto envío de bolsas de basura por parte del Principado a algunas residencias privadas como material de protección

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Reyes Fernández Hurlé ha pedido hoy a la consejería de Derechos Sociales y Bienestar, durante el correspondiente Grupo de Trabajo de la Junta General para el seguimiento del coronavirus en Asturias, actuar con celeridad tras denunciar que trabajadores de algunas residencias de ancianos de la red privada asturiana recibieron por primera vez material de protección hace tan solo cuatro días, según aseguran los propios trabajadores.

En este sentido, la diputada del PP ha urgido asimismo hacer hacer test rápidos de coronavirus a todos los trabajadores de residencias de mayores, tanto públicas como privadas, en Asturias. “Las buenas intenciones no salvan vidas. Urge actuar”, ha advertido Fernández Hurlé.

La diputada del PP también ha pedido aclaraciones a la consejera ante la denuncia realizada por la presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad sobre el supuesto envío de bolsas de basura por parte del Principado a algunas residencias privadas como material de protección; “creo que es grave, y me gustaria saber si es cierto”, ha dicho Fernández Hurlé, que ha reclamado a la consejera “control absoluto” sobre el material sanitario.

Fernández Hurlé ha recordado, por otra parte, que en Asturias 92 mujeres están en riesgo de sufrir violencia de género, y ha reclamado medidas de prevención y actuación al Principado para proteger a las víctimas de violencia de género en una situación especialmente delicada fruto del confinamiento.

Por último, la diputada del PP en la Junta ha advertido a la consejera la necesidad de que exista desde la consejería “coordinación con los ayuntamientos”, ya que varios alcaldes, sobre todo de la zona rural, han recibido instrucciones contradictorias sobre el pago a las trabajadoras sociales de los servicios de ayuda a domicilio y dependencia, según ha explicado Reyes Fernández Hurlé.