·       El portavoz en materia de Medio Rural, Javier Brea, destaca que la última convocatoria se cerró en julio de 2019 y hoy se ha publicado la resolución en el BOPA y reclama que aumente también el plazo para las certificaciones.   ·       Pide a la Consejería ampliar el plazo porque de querer modificar el objeto de las ayudas solo tendrían hoy y el martes para hacerlo.

De “desastre bananero” tilda el diputado responsable de Medio Rural del PP, Javier Brea, la convocatoria y tramitación de los planes de modernización por parte del Gobierno del Principado para el sector agrario, tras conocerse que la resolución de la convocatoria de 2019 publicada en el día de hoy, y las certificaciones tendrían que realizarse antes del 13 de noviembre. Esto dejaría a los interesados, únicamente dos días hábiles, el de hoy y el martes para introducir cambios, ya que están obligados a realizar estas modificaciones un mes antes de las certificaciones.

Así, el popular explica que la última convocatoria publicada, que fue la correspondiente al 2019, cerró su plazo de solicitud el 5 de julio de 2019, “y desde entonces, hasta ahora, ha pasado más de un año y tres meses sin que haya habido resolución”.

Brea agrega en este sentido, que según le han trasladado los propios interesados, “parece ser que estos días se está llamando a los solicitantes desde las oficinas comarcales de Agricultura de la consejería de desarrollo rural y cohesión territorial adelantándoles el resultado de la convocatoria y anunciándoles la inminente publicación en el BOPA de la resolución”.

El problema, subraya el popular, es que los solicitantes tienen de plazo para certificar las inversiones hasta el 13 de noviembre, es decir, dado qua ha sido publicada hoy viernes día 9 en el BOPA, tienen un mes y tres días para realizar las inversiones.

Esto quiere decir, que aquellos que no hayan empezado a ejecutar las inversiones solicitadas en espera de la resolución, “van a tener casi imposible su certificación en plazo, pues obviamente, en tan corto espacio de tiempo es improbable que se puedan ejecutar las inversiones comprometidas”.

Por otro lado, indica, si se quisiera modificar el objeto de la solicitud para intentar no perder la subvención sustituyendo la solicitada inicialmente por una inversión realizable antes del 13 de noviembre, dice la propia  norma que esta modificación debe solicitarse con al menos un mes de antelación, es decir, teniendo en cuenta que el próximo lunes día 12 es fiesta tendrían 2 días hábiles para realizar esta modificación, hoy viernes día 9 y el martes día 13, es decir, un despropósito con nefastas consecuencias.

 

Ampliación de plazos para no perder las ayudas

Desde el Grupo Parlamentario Popular instamos a la Consejería de Desarrollo Rural a que tome las “medidas necesarias y oportunas” para que no se pierdan las ayudas y las inversiones solicitadas.

“Una vez más denunciamos que la tramitación de los planes de modernización del año 2019 ha sido inadmisible, se ha tardado más de un año en resolver un expediente que se debería haber resuelto en dos meses y que además de todos los perjuicios expuestos, ha tenido como consecuencia que no ha habido convocatoria en el año 2020, con la consecuente pérdida en inversiones que este hecho supone”, denuncia Javier Brea.

Además, asegura el popular, como consecuencia de esta Administración “inepta, lenta y con una total falta de consideración y respeto hacia el administrado”, se va a perder mucho dinero, por una parte el dinero que no se certifique esta anualidad y ya estaba presupuestado, y por otro lado la cantidad correspondiente a los planes de modernización que se deberían haber solicitado el año 2020, y que si el gobierno no ha realizado la correspondiente reserva de crédito, se perderán definitivamente.

Por último, ha apuntado que otro problema que tendremos que afrontar, es que, al modificarse las anualidades de certificación, se van a acumular en los próximos años certificaciones que deberían haber sido satisfechas en estos ejercicios anteriores, lo que va a ocasionar que falte dinero para pagar a todos los solicitantes y se entre en concurrencia competitiva.

“En fin, un desastre, más propio de administraciones de países bananeros que de una Comunidad Autónoma de un país perteneciente a la Unión Europea y que debería observar y emular a las comunidades autónomas vecinas”, sentencia Brea.