· La diputada Gloria García advierte a la consejera de Educación de que “le queda poco tiempo y mucho por hacer para garantizar la seguridad de alumnos y profesores al inicio del curso”. · La diputada Reyes Fernández Hurlé pide un marco normativo que ofrezca garantías jurídicas y económicas para asegurar la sostenibilidad del Tercer Sector.

La diputada Gloria García ha denunciado esta mañana “el abandono, la falta de planificación, la improvisación y la nula capacidad de negociación” que caracterizaron la gestión de la Educación durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Así lo ha manifestado la diputada del PP, Gloria García, durante la última sesión del bloque dedicado a derechos sociales, ayuda a las familias, salario social, dependencia, atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad por parte de la Administración de la Comisión de estudio de la gestión del Covid-19.

García recordó que muchos de los comparecientes en esta comisión criticaron que la Consejería de Educación “reaccionó tarde, tomó decisiones equivocadas y no escuchó al profesorado que se sintió durante esta crisis totalmente abandonado y ninguneado”.

La portavoz de Educación del PP instó a la consejera a tomar medidas de forma inmediata “porque le quedan pocos días y mucho por hacer” y tiene que garantizar la seguridad, tanto para alumnos como para profesores de cara al inicio del curso en el mes de septiembre.

“No podemos exponernos a tener un caso el diez de septiembre sin contar con instrucciones claras”, sentenció la popular.

Por último, la diputada celebró el cambio de criterio respecto a las ayudas a la concertada “porque era además de injusto ilegal y como tal, el Partido Popular tenía preparada ya la demanda para presentar en los tribunales”.

 

Marco Normativo para el Tercer Sector

Por otra parte, la diputada Reyes Fernández Hurlé reclamó al Principado, durante la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Melania Álvarez, que asuma el compromiso de promover un marco normativo propio que ofrezca garantías jurídicas y permita condiciones económicas que garanticen la estabilidad y sostenibilidad del Tercer Sector.

Fernández Hurlé mostró su preocupación por el futuro de estas entidades en Asturias en lo relativo al mantenimiento del empleo y de los programas de atención a las personas usuarias.

“Teniendo en cuenta el contexto actual que se avecina de grandes e impactantes transformaciones, con una crisis por la covid-19 que no acaba de arreciar, unas políticas regionales de austeridad y los consiguientes recortes en derechos y prestaciones, y sus efectos dramáticos que están afectando a la sociedad asturiana consideramos que es apremiante responder a las necesidades vitales de las personas, es necesario luchar contra los factores, dimensiones y procesos de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social que están vigentes en el Principado con medidas y actuaciones que promuevan la inclusión social activa de toda su ciudadanía, especialmente de las personas y grupos más vulnerables”, agregó la parlamentaria popular.

En este sentido, Fernández Hurlé apostó porque en la venidera reconstrucción el Gobierno regional cuente con el Tercer Sector y tenga una especial atención con la discapacidad, uno de los colectivos que van a requerir más apoyo.