El Gobierno del Principado acumula avales a las empresas de su propio sector público que suman 409 millones de euros, y sigue a la espera de recuperar casi 138 millones en préstamos de las mismas entidades. Ante las "graves incertidumbres" que, en palabras del diputado autonómico del PP José Agustín Cuervas-Mons, "existen sobre el desenlace final de estos préstamos y avales, que comprometen el futuro presupuestario del Principado", el Grupo Popular defiende "limitar este tipo de operaciones y que se emita un informe urgente sobre sus riesgos a día de hoy". La Junta General apoyó la iniciativa del PP con 23 votos a favor.

Ante la Cámara legislativa asturiana Cuervas-Mons explicó que este límite y el informe sobre el riesgo actual deben ir acompañados de "información semestral, al Parlamento, sobre los avales constituidos y los préstamos concedidos por el Principado", según recoge la moción que el diputado popular defenderá, este viernes, ante el Pleno de la Junta General.

El parlamentario responsabilizó de ese control y de la elaboración de los necesarios informes contables a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, "que no puede seguir dando carta blanca a una consejera", la de Infraestructuras, Belén Fernández, "cuya gestión sólo acumula desmanes, como el de Sogepsa", la sociedad que gestiona el suelo industrial público y una de las que más créditos y avales en riesgo acumula.

La situación de Sogepsa

De los 409 millones concedidos en forma de avales, Sogepsa se llevó 87,7 millones, y aún tiene 43,4 millones pendientes de un préstamo. En el caso de la Zona de Actividades Logísticas (Zalia), el crédito pendiente es de 21,2 millones. "Son proyectos de dudosa viabilidad", criticó el portavoz de Sector Público del PP. Y en el caso concreto de Sogepsa, "es evidente que existe un riesgo alto de quiebra total", lo que, unido a la intención de Principado de hacerla totalmente pública, a lo que el Grupo Popular se opone frontalmente, "haría que la mala gestión de la consejera de Fomento la acabásemos pagando todos los asturianos".

Sobre la empresa Gispasa, responsable de la construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), hay en la Junta General una Proposición de Ley, ya en trámite, que insta a su disolución. "¿Qué consecuencias tendrá para las arcas públicas si esta iniciativa sigue adelante, al acumular esta sociedad una deuda de 68,3 millones de euros?", se preguntó Cuervas-Mons.